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La última polémica del magnate Elon Musk, propietario de Twitter, ha sido retirar a la red social del código de prácticas contra la desinformación de la Unión Europea (UE) del que formaba parte desde el 2018 de forma voluntaria. Una decisión que llama la atención tras las recientes declaraciones de Musk en las que afirmaba que su objetivo era hacer de Twitter “la fuente de información más precisa del mundo”.

Sin embargo, desde Bruselas insisten que la red social tendrá que respetar las leyes europeas si quiere seguir operando en la UE.

Compromiso de la UE en la lucha contra las ‘fake news’.

El objetivo de este compromiso europeo es reunir a empresas de servicios digitales para luchar contra las fake news en las redes sociales y reforzar una serie de leyes y directivas al respecto. Una de esas normativas es la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), de obligado cumplimiento para las plataformas online y que busca “limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos online”. En especial, “para aumentar la protección de los menores y ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información”, tal y como explicó la Comisión Europea (CE) en su documento de presentación.

El código de buenas prácticas, creado en 2018, se aplica a una treintena de empresas dedicadas a los servicios digitales, entre las que se encuentran multinacionales tecnológicas líderes como Meta, Mozilla, Google, Microsoft o TikTok. En junio de 2022 se actualizó en el llamado Código de buenas prácticas en materia de desinformación reforzado.

Thierry Breton, comisionado de Mercado Interno de la CE, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que la empresa tecnológica ha abandonado el código, que hasta ahora sólo es de aplicación voluntaria. “Pero las obligaciones permanecen. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Más allá de los compromisos voluntarios, combatir la desinformación será una obligación legal bajo la DSA a partir del 25 de agosto”, escribió el funcionario, haciendo alusión a la citada norma.

Esta normativa especifica que “las plataformas deben minimizar los riesgos como la desinformación o la manipulación electoral, la ciberviolencia contra las mujeres o los daños a menores online”, y advierte de que, en caso de incumplirla, puede imponer una multa de hasta el 6% de la facturación global anual del proveedor de servicios. Además, las plataformas “deshonestas que se nieguen a cumplir con obligaciones importantes y, por tanto, pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas” podrán ser suspendidas temporalmente.

Twitter no ha confirmado los motivos del abandono. Sin embargo, pese a que a principios de año tenía que enviar el primer informe sobre la aplicación del código, aún no lo ha remitido. La CE ya mostró su descontento con la empresa, y los desacuerdos entre la institución europea y esta red social son constantes desde su compra por parte de Musk.