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La industria tecnológica presenta el uso de contenidos para entrenar a la inteligencia artificial como un hecho consumado. Los grandes editores están demostrando lo contrario. El derecho se defiende, y defenderlo cuesta dinero y tiempo. La factura de litigar es la otra cara del valor de aquello que se protege.

Hay una manera cómoda de contar la relación entre los medios y la inteligencia artificial, la de la resignación. Según ese relato, los modelos ya se han entrenado con todo lo publicado, el daño está hecho y a los editores solo les queda adaptarse. Es un relato interesado, y las últimas semanas ofrecen abundantes motivos para desconfiar de él. Lejos de rendirse, algunos de los grupos más sólidos del mundo han decidido que defender la propiedad intelectual merece la pena, incluso cuando esa defensa se mide en millones y en años de litigio.

El caso del New York Times es el más ilustrativo, precisamente porque permite ver la magnitud del esfuerzo. Según la información publicada por la prensa especializada, de la que ya nos hicimos eco, el diario acumula gastos por más de veinte millones en sus distintos frentes judiciales contra empresas y startups de inteligencia artificial. No se trata de una multa ni de una indemnización. Es lo que cuesta, simplemente, sostener la posición de que un contenido protegido no se puede usar sin permiso para construir un producto comercial. Quien tenga la tentación de pensar que litigar es gratis, ahí tiene el contraejemplo.

Por qué no basta con esperar a que paguen

La pregunta razonable es por qué un editor asume ese coste en lugar de negociar. La respuesta llegó esta semana desde el otro lado de la mesa. OpenAI ha dejado claro que no tiene intención de compartir con los editores los ingresos publicitarios que genere a partir de sus contenidos. Las plataformas no van a repartir valor de forma voluntaria solo porque sea lo justo. Si los contenidos se remuneran, será porque exista un derecho que obligue a ello y alguien dispuesto a hacerlo valer. Esa es, exactamente, la función de los pleitos que hoy parecen caros, fijar el precedente que mañana convierta la negociación en algo inevitable.

Aquí es donde el coste deja de ser un gasto y se convierte en inversión. Cada demanda que prospera, cada sentencia que reconoce el derecho de los editores, reduce el margen de las plataformas para seguir tratando el periodismo como materia prima gratuita. En los tribunales se litiga mucho más que el caso concreto. Se decide el marco en el que se moverá toda la industria durante la próxima década.

La otra defensa, un periodismo «con gravedad propia»

La batalla legal no se libra sola. La acompaña una segunda línea de defensa, más difícil de cuantificar e igualmente decisiva, que resumió con precisión el editor del New York Times, A. G. Sulzberger, en su intervención en el Congreso Mundial de Medios de WAN-IFRA celebrado en Marsella. En un mundo intermediado por la inteligencia artificial, vino a decir, para seguir siendo un destino al que el lector acude harán falta contenidos «tan distintivos que tengan gravedad propia». Y el núcleo de esa distinción, añadió, es la información original, el reporterismo que el público no encuentra en ninguna otra parte, y que tampoco la IA puede generar por sí sola.

Esa idea conecta las dos defensas en una sola estrategia. Si el periodismo se vuelve indistinguible, si se reduce a procesar lo que otros ya han contado, será fácil de sustituir por una máquina y difícil de defender ante un juez, porque su valor diferencial habrá desaparecido. Si se sostiene sobre investigación, verificación y trabajo de campo propios, la defensa legal y la defensa editorial apuntan en la misma dirección, proteger algo que, sencillamente, no existe sin la inversión de una redacción.

Lo que esto significa para el sector

Para los medios de información, lo que dejan estas semanas es, en el fondo, alentador. Defender la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial es caro, lento y exigente. También es la condición para que el periodismo de calidad siga teniendo un modelo de negocio, y está al alcance de cualquier medio que se lo proponga, no solo de los grandes grupos. Los más de veinte millones que un editor destina a litigar funcionan como prueba de que considera que sus contenidos valen, al menos, eso.

El sector español parte, además, de una posición que no es de debilidad. La defensa colectiva de los derechos, en los tribunales, en las negociaciones de licencias y en la calidad de lo que se publica, ya ha dado resultados tangibles frente a las grandes plataformas. La lección que dejan estas semanas es que esa defensa hay que sostenerla con recursos y con constancia, sabiendo que el coste de hoy es lo que protege el valor de mañana. La alternativa, dar por consumado el uso gratuito de los contenidos, sí saldría, a la larga, mucho más cara.

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