Proteger la fuente es proteger la información

Cuando un gobierno deja de perseguir la filtración y empieza a perseguir a quien la recibió, el problema ya no es de un periodista ni de un medio, es de todos los que alguna vez han querido saber qué hacen quienes les gobiernan.

Esta semana The New York Times ha llevado ante un juez de Manhattan una batalla que debería interesar a cualquier medio, esté donde esté. El corresponsal de medios Michael M. Grynbaum lo relató el pasado 20 de julio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió citaciones para reclamar a las operadoras los registros de llamadas y mensajes de varios de sus reporteros. El fin declarado era identificar a las fuentes confidenciales que informaron sobre las dudas de seguridad del nuevo Air Force One donado por Catar. El fin real, sostienen los abogados del diario, es más amplio, «hurgar en busca de información sobre las relaciones de los periodistas con sus fuentes de manera más general».

La novedad, y el peligro, están en el método. La protección clásica de las fuentes se apoyaba en un derecho concreto, el del periodista a no revelar quién le habló. Pero en este caso el Gobierno no ha pedido al periodista que confiese, ha ido a las compañías telefónicas. Y ha ido más allá del propio periodista, porque las citaciones alcanzan también a sus familiares, entre ellos la madre de un reportero, profesional de la salud mental, y las parejas de otros dos. No hace falta interrogar a nadie si basta con reconstruir, a través de los metadatos, con quién habla el entorno de quien informa. La huella digital consigue lo que el interrogatorio no podía, sortear el secreto sin pedir permiso.

El precio de que las fuentes callen

Este caso no puede leerse como un pulso lejano entre una Administración incómoda y un periódico molesto. Es un ensayo de hasta dónde puede llegar el poder para desactivar el periodismo sin prohibirlo. No se cierra la redacción, se seca la fuente. Y una fuente que teme por su teléfono, por su familia y por su empleo, sencillamente, deja de hablar.

Lo que se pierde entonces se puede enumerar. Sin la garantía del anonimato, la fuente que la prensa estadounidense bautizó como «Garganta Profunda» nunca habría guiado la investigación que destapó el caso Watergate y forzó la dimisión de un presidente. Los papeles del Pentágono solo salieron a la luz porque un analista decidió filtrar documentos clasificados que revelaron las mentiras oficiales sobre la guerra de Vietnam. Sin la protección de un contratista de inteligencia, no habríamos conocido la vigilancia masiva de las comunicaciones de millones de ciudadanos. Los papeles de Panamá expusieron la ingeniería fiscal de dirigentes y fortunas de medio mundo gracias a una fuente anónima que entregó millones de documentos a un diario europeo. Y sin las voces que hablaron con un equipo de investigación en Boston, los abusos encubiertos durante décadas por una institución poderosa habrían seguido enterrados.

Ninguna de esas informaciones llegó por una nota de prensa. Todas dependieron de que alguien, en una posición de riesgo, confiara en que su identidad quedaría a salvo. Esa confianza es la materia prima del periodismo de interés público. Cuando se rompe, se estrecha el derecho de la ciudadanía a saber.

El secreto profesional en la era de los metadatos

La protección de las fuentes es una garantía pensada en beneficio del público, más que un interés del gremio. Hoy afronta amenazas que las leyes escritas para otra época apenas contemplan. Defender el secreto profesional ya no se agota en amparar el silencio del periodista ante un tribunal. Exige blindar también sus comunicaciones, sus datos y su entorno. La vigilancia actual puede identificar a una fuente sin necesidad de mirarla a los ojos.

La causa que se dirime estos días en Manhattan es estadounidense, pero la lección es universal. Un poder puede convertir el rastro digital de un periodista en una herramienta para descubrir a quien confió en él. Cada vez que lo hace, pone en riesgo la próxima gran revelación que aún no conocemos. Reivindicar la protección de las fuentes es defender el derecho a que esa revelación pueda llegar a producirse.