La SIP denuncia una “guerra” contra la libertad de expresión en Venezuela
La Sociedad Interamericana de Prensa asegura que la presión que ejercen los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba sobre los medios de comunicación agravan sus problemas económicos.
El Gobierno de Nicolás Maduro libra una guerra de 24 horas en contra de la libertad de expresión “con su inmenso aparato policial, militar, judicial y comunicacional”. Es la situación que atraviesa Venezuela según las conclusiones de la SIP presentadas en la Reunión de Medio Año celebrada en Cartagena de Indias (Colombia).
La SIP condena que “la violencia ejercida en contra de periodistas y medios de comunicación ha empeorado, habiéndose cuadruplicado en términos cuantitativos e intensificado en todas sus variantes”.
¿Cómo actúa Maduro contra los medios de comunicación? Según la organización, utiliza cuatro herramientas. La primera consiste en atacar de forma sistemática a los periodistas en las “calles, lugares abiertos o en los espacios de instituciones públicas”; la segunda es un “programa masivo de robo y destrucción de los equipos con que trabajan reporteros, editores y gestores de las páginas web”; también utiliza los “ataques a la prensa extranjera”; y por último la “eliminación de forma selectiva programas de radio y televisión, en particular, de información y opinión”.
Además de Venezuela, la SIP también se ha mostrado preocupada por lo que está ocurriendo en Nicaragua donde “la situación política, social y económica se ha deteriorado y la libertad de prensa y la situación de muchos periodistas es crítica“.
Hasta la fecha, siguen presos en condiciones “lamentables los periodistas Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, lo mismo que su jefa de prensa, Lucía Pineda. El canal fue y continúa cerrado y vigilado por la Policía. Los dos periodistas han sido acusados de provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo”.
Por todo ello, los miembros de la SIP han hecho un llamamiento a todos los profesionales de los medios de comunicación, a las autoridades locales y multilaterales a que denuncien cualquier situación que consideren una vulneración de la libertad de prensa.
Consulta el texto de conclusiones íntegro aquí
