La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado la detención de los periodistas y la clausura del canal 100% Noticias de Nicaragua y lo califica de “grave atropello contra las libertades de expresión y prensa”.

Tras pasar más de 24 horas detenida, un juez ha decretado prisión preventiva para la periodista Lucía Pineda Ubau, del canal 100% Noticias de Nicaragua, clausurado por el gobierno de Daniel Ortega. La periodista está acusada de delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. De hecho, desde el Ministerio Público se aseguró que, desde el canal de televisión, Lucía Pineda Ubau difundió “informaciones falsas y sin corroborar, con la intención de odio radical hacia los simpatizantes y miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional”.

Los cargos imputados a la periodista son los mismos que se le atribuyen al director de 100% Noticias, Miguel Mora, quien también fue detenido el pasado viernes. En una operación policial sin precedentes contra este medio de comunicación, la Policía arrestaba además de Pineda y Mora a la codirectora del medio, Verónica Chávez; un cámara, un realizador y un presentador. Los policías además cortaron la señal del canal y sellaron los accesos a las instalaciones.

Desde la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) ya se ha calificado las detenciones y la clausura del canal como un “grave atropello contra las libertades de expresión y de prensa”. La presidenta de la organización, María Elvira Domínguez, ha asegurado que “el régimen orteguista muestra con esta acción su intención de cerrar todas las formas de expresión en el país”.

Domínguez insistía en que los ataques hacia los medios de comunicación en Nicaragua no son algo nuevo. “No nos queda duda de que Ortega y su entorno servil, ha declarado la guerra a los medios independientes de comunicación”, aseguraba.

La semana pasada, la policía nicaragüense irrumpió en las oficinas de varios medios de comunicación, entre ellos, el Confidencial, la Revista Niú, Esta Semana y Esta Noche. Los registros se saldaron con la incautación de varios ordenadores, documentos y equipo de trabajo de los periodistas.