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El blindaje de las autoridades españolas y europeas a la propiedad intelectual de los autores y editores se sustenta en una razón de reconocimiento y económica. En cuanto a los medios de comunicación es la clave para practicar un periodismo de calidad.

Si tecleamos en cualquier buscador “propiedad intelectual” y seleccionamos noticias de la última semana encontramos titulares como: ‘Batet recibe a Cedro para abordar los restos de la propiedad intelectual en esta legislatura’, ‘UE monitorea y se compromete con la propiedad intelectual’, ‘Cedro retira 163.000 copias piratas en internet de obras de sus socios’ o ‘Cultura exigirá a la SGAE el «cumplimiento total y estricto» de la ley’. Noticias que nos hacen reflexionar sobre la situación que se vive acerca de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores.

Según la Comisión Europea, en su último informe, la propiedad intelectual no solo es el principal medio por el que se obtiene un retorno de la inversión y retribución de la innovación y creatividad, sino que también es un pilar fundamental en la competitividad y crecimiento económico de la Unión Europea. Tanto es así que las empresas dedicadas a este modelo de negocio representan el 45% del PIB de la UE, aglutina casi el 39% del empleo y representa el 82% de sus exportaciones (datos obtenidos del período comprendido entre 2014-2016).

Se entiende entonces que este tema genere tanto compromiso por el gobierno, agencias y otros actores. No es un tema baladí. Si revisamos la historia acerca de la propiedad intelectual vemos que no es un tema nuevo. De hecho, la primera ley conocida sobre derechos de autor data de 1710 y es conocida como el Estatuto de la Reina Ana.

Desde entonces se han sucedido las leyes y los reglamentos que rigen esta parte de la cultura que tanto beneficio genera. En un primer momento los que se lucraban de esta actividad eran solamente los editores, aunque pronto se llegó a la conclusión de que los autores merecían de obtener rentabilidad por sus ideas.

En el sector de los medios de comunicación, el uso legal de los contenidos que la industria genera es fundamental para el desarrollo de un periodismo de calidad, ya que para llevarlo a cabo se necesita tiempo, esfuerzo e inversión. La ilegalidad nos llevaría a un recorte de recursos que se vería reflejado en la calidad de las piezas periodísticas. Desde hace tiempo que se vienen cometiendo malas praxis en este ámbito: el uso de vídeos de YouTube en televisión, o el de textos o fotografías sino el consentimiento de los autores. Por eso el año pasado el Congreso de los Diputados aprobó una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con el fin de reforzar el ámbito del sector de la prensa. Y es que los textos periodísticos deben entenderse como obras en sí mismas, ya que son creaciones únicas, como un cuadro o una película.

El ámbito online, a priori más difícil de controlar, el Parlamento Europeo cuenta con la Ley del Copyright en la que se pretende que los dueños de los derechos tengan más ventajas de remuneración por uso de sus obras en las plataformas online. Básicamente esta norma protege a los medios de comunicación para que las grandes empresas que usen sus contenidos paguen apropiadamente por ello.

Aunque, sin duda, la mejor manera de proteger la propiedad intelectual es concienciando y sensibilizando a la población de que el respaldo a la creatividad es uno de los motores fundamentales en toda sociedad.