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El aumento del acoso digital y las amenazas con componente de género sigue marcando el ejercicio del periodismo para muchas mujeres. Informes recientes de la UNESCO y la Federación Internacional de Periodistas alertan que la violencia en línea contra periodistas no solo se intensifica, sino que cada vez se traslada con más frecuencia al mundo real.

Cada año, el 8 de marzo vuelve a poner el foco en una realidad que atraviesa a muchas profesiones, pero que en el periodismo adquiere una dimensión especialmente visible: el riesgo y la presión que enfrentan las mujeres por el hecho de ejercer su trabajo. Informar, investigar y cuestionar al poder sigue siendo una tarea peligrosa en numerosos contextos, y cuando quien lo hace es una mujer, las amenazas suelen adoptar formas específicas marcadas por el género.

Las mujeres periodistas han ganado presencia en las redacciones y también en puestos de responsabilidad en los últimos años. Sin embargo, distintos informes internacionales coinciden en que esos avances conviven con un entorno cada vez más hostil, especialmente en el espacio digital, donde el acoso y la violencia en línea se han convertido en una extensión del riesgo profesional.

La violencia digital que traspasa la pantalla

La UNESCO advierte que las periodistas siguen expuestas a amenazas específicas de género, particularmente en Internet. La organización señala que el acoso digital se ha intensificado y que cada vez más se traslada al mundo fuera de la red.

Una encuesta mundial realizada por la Iniciativa para la Integridad de la Información para ONU Mujeres, en colaboración con la UNESCO, revela un cambio preocupante en los últimos años. En 2020, el 20 % de las mujeres periodistas encuestadas vinculaba los ataques en línea con abusos o agresiones fuera de Internet. En 2025 esa proporción se duplicó con creces, alcanzando el 42 %. El dato apunta a una tendencia clara: la violencia digital ya no se limita al espacio virtual, sino que cada vez con mayor frecuencia se traduce en intimidaciones y riesgos reales.

El fenómeno no es aislado. Organizaciones y redacciones coinciden en que el hostigamiento en redes sociales, las campañas de desprestigio, el doxing o las amenazas sexualizadas buscan deslegitimar el trabajo periodístico de las mujeres y expulsarlas del debate público. En muchos casos, estas agresiones se intensifican cuando las periodistas cubren temas como política, derechos humanos o cuestiones de género.

Ante este escenario, la UNESCO y la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación (IWMF) impulsan el programa Safeguarding Women’s Voices, orientado a que los medios desarrollen protocolos de seguridad con perspectiva de género. El objetivo es dotar a las redacciones de herramientas concretas para prevenir y responder al acoso, y garantizar que las periodistas puedan seguir ejerciendo su labor.

La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto en el que muchas empresas mediáticas todavía carecen de mecanismos específicos para afrontar estos riesgos. En América Latina, por ejemplo, una encuesta respaldada por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO entre casi cien medios reveló que el 57 % no contaba con protocolos para abordar la violencia de género, y solo el 18,5 % tenía departamentos especializados para gestionar estas situaciones.

Amenazas que van más allá del entorno digital

La violencia contra las periodistas no se limita al ámbito de Internet. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) recuerda que, en muchas regiones del mundo, las profesionales de la información siguen enfrentándose a amenazas directas por el simple hecho de ser mujeres.

Según la organización, algunas periodistas han tenido que revisar debajo de sus coches en busca de explosivos, recibir llamadas intimidatorias durante la noche, ser seguidas por la calle o sufrir presiones contra sus familias. Otras han sido objeto de detenciones arbitrarias, procesos judiciales abusivos o incluso asesinatos.

Los testimonios recogidos por la FIP muestran cómo estas presiones se manifiestan en contextos muy diferentes. En Yemen, la periodista Ahad Yaseen ha sido objeto de campañas para exigir su destitución apelando a argumentos religiosos. En Chipre, la editora Ayşemden Akın recibió amenazas de muerte tras publicar investigaciones sobre redes ilegales de apuestas. En Indonesia, la periodista Francisca Christy Rosana sufrió doxing, acoso sexual verbal y amenazas en redes sociales por sus reportajes políticos.

Seguridad y libertad de prensa

Las iniciativas para reforzar la seguridad de las periodistas parten de una idea central: proteger a las mujeres en el periodismo no es solo una cuestión de derechos laborales o de igualdad, sino también de libertad de expresión.

Cuando el acoso logra silenciar voces o expulsar a profesionales del espacio público, se debilita el ecosistema informativo. Las redacciones que participan en el programa impulsado por la UNESCO coinciden en que garantizar entornos seguros para las mujeres no solo protege a quienes ejercen la profesión, sino que también mejora la calidad del periodismo.

El 8 de marzo vuelve así a recordar que la lucha por la igualdad en los medios no se limita a aumentar la presencia femenina en las redacciones o en los puestos de liderazgo. También implica asegurar que las mujeres puedan investigar, preguntar y publicar sin temor a represalias, amenazas o campañas de intimidación.

En un momento en el que la desinformación y la polarización tensionan el debate público, la protección de quienes informan se vuelve aún más crucial. Y entre ellas, las mujeres periodistas continúan en primera línea.

Desde la Asociación de Medios de Información (AMI) subrayamos que el papel de las mujeres en el periodismo es imprescindible para garantizar un ecosistema informativo plural y representativo de la sociedad. Su presencia en las redacciones, en la investigación periodística y en los espacios de decisión contribuye a enriquecer la mirada informativa y a fortalecer el debate público. Destacamos la importancia de que las mujeres periodistas puedan ejercer su trabajo con todas las garantías de seguridad y libertad. Garantizar entornos profesionales seguros, prevenir el acoso y responder a las amenazas que enfrentan es una condición necesaria para proteger no solo a las profesionales de la información, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir una información libre, rigurosa y diversa.

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