Australia rechaza una excepción a la ley de derechos de autor que beneficiaba a las plataformas de IA  

El Gobierno de Anthony Albanese descarta introducir una excepción de derechos de autor que habría permitido a las empresas de inteligencia artificial usar obras protegidas sin permiso. La fiscal general, Michelle Rowland, asegura que Australia protegerá a sus creadores mientras se prepara para los desafíos legales que plantea la IA.

El Gobierno australiano ha rechazado crear una excepción legal que habría permitido a las empresas de inteligencia artificial (IA) utilizar obras protegidas por derechos de autor sin el permiso de sus creadores. Con esta decisión, el Ejecutivo cierra la puerta a una propuesta impulsada el año pasado por la Comisión de Productividad —organismo asesor del Gobierno—, que pretendía flexibilizar la legislación para permitir la minería de texto y datos por parte de las plataformas tecnológicas.

La iniciativa, apoyada por las grandes plataformas tecnológicas, buscaba autorizar a las empresas de IA a analizar y acceder libremente a grandes volúmenes de libros, artículos, imágenes o vídeos con el fin de detectar patrones y entrenar sus sistemas. Según el informe provisional de la Comisión, la adopción de esta medida podría aportar hasta 116.000 millones de dólares australianos a la economía del país en la próxima década. Por ello, el organismo recomendaba establecer una excepción específica en la ley de derechos de autor.

Sin embargo, la propuesta generó un rechazo inmediato entre artistas, medios de comunicación y profesionales de la cultura, que alertaron del riesgo que suponía para la propiedad intelectual. También el Consejo Australiano de Sindicatos se pronunció en contra, advirtiendo de que una reforma de ese tipo permitiría “el robo desenfrenado” de trabajos creativos.

Entre las entidades internacionales que mostraron su apoyo a esta postura se encuentra la News Media Alliance (NMA), organización que agrupa a más de 2.000 medios de comunicación. En su opinión enviada a la Comisión de Productividad australiana, la NMA defendió que las editoriales y medios de comunicación “dependen del derecho de autor y de su capacidad para controlar el uso de sus obras”, y advirtió que una excepción amplia para la minería de textos y datos (TDM) con fines comerciales “revertiría la base misma del sistema de derechos de autor que ha beneficiado a todas las partes durante siglos”.

La alianza consideró que solo podrían contemplarse excepciones muy limitadas y con salvaguardas estrictas para la investigación no comercial, e instó a la Comisión a “rechazar cualquier sugerencia de crear una excepción de este tipo en Australia”.

Las grandes tecnológicas argumentaron, por su parte, que sin una regulación más flexible Australia podría quedarse atrás respecto a países que ya han adoptado marcos legales favorables a la IA. Aun así, el Ejecutivo del primer ministro Anthony Albanese descartó finalmente la propuesta este fin de semana.

La fiscal general, Michelle Rowland —que en Australia ocupa un cargo equivalente al de ministra de Justicia en España—, zanjó el debate el pasado 26 de octubre al reafirmar que el Gobierno no introducirá una excepción para la minería de textos y datos. Según explicó, el Ejecutivo “respalda a las industrias creativas australianas” y, al rechazar esta excepción, “brinda certeza a los creadores” frente a un escenario tecnológico en rápida evolución.

“La inteligencia artificial presenta importantes oportunidades para Australia y nuestra economía; sin embargo, es fundamental que los creativos australianos también se beneficien de estas oportunidades”, declaró Rowland. “Los creativos australianos no solo son de talla mundial, sino también la savia de la cultura australiana, y debemos asegurarnos de que existan las protecciones legales adecuadas”.

La fiscal insistió en que no hay planes para debilitar las protecciones de derechos de autor frente al uso de obras en el desarrollo de sistemas de IA, y pidió colaboración entre el sector tecnológico y el creativo para encontrar “soluciones sensatas y viables que apoyen la innovación y garanticen una compensación justa”.

Grupo de debate sobre IA y derechos de autor

Además, el Gobierno anunció la convocatoria del Grupo de Referencia sobre Derechos de Autor e Inteligencia Artificial (CAIRG), que en los próximos días debatirá tres áreas prioritarias:

• Fomentar vías legales y justas para el uso de material protegido por derechos de autor en el ámbito de la IA.
• Analizar un posible marco de licencias colectivas de pago o mantener el actual sistema voluntario.
• Aclarar la aplicación de la ley de derechos de autor al material generado mediante IA, y explorar mecanismos más accesibles para resolver disputas por infracción de derechos, como un foro de reclamaciones de menor cuantía.

“La inteligencia artificial es una frontera tecnológica apasionante llena de oportunidades, y debemos aprovecharlas en beneficio de las industrias locales —como nuestros sectores creativos y de medios de comunicación—, trabajando con ellas y no a su costa”, afirmó Rowland.

Con esta postura, el Gobierno de Albanese busca equilibrar la protección de los creadores con la promoción de la innovación tecnológica, garantizando que Australia esté preparada para los futuros desafíos en materia de derechos de autor derivados de la IA.