Así lo expone un informe de CEDRO, que alerta del deterioro del valor editorial y reclama un ‘Pacto de Estado’ para proteger la creación frente a la inteligencia artificial y la piratería.
La ciudadanía española señala directamente a las empresas tecnológicas como principales responsables de la devaluación de la cultura escrita. Así lo revela el Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado por el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), que advierte de una creciente “democratización de la piratería” y de la falta de ejemplaridad institucional en el respeto a los derechos de autor.
El estudio, elaborado por la consultora Qbo Investigación y Estrategia, combina técnicas cualitativas y cuantitativas con una muestra de mil personas representativas de la población española. Su diagnóstico es contundente: la digitalización y el auge de la inteligencia artificial han transformado los hábitos culturales, debilitando la valoración del trabajo creativo y erosionando la sostenibilidad del sector editorial.
El informe reafirma que la ciudadanía considera los libros, revistas, periódicos y partituras como un “bien de mérito”, es decir, un bien que genera beneficios colectivos y cuya protección debe ser prioritaria para el Estado.
Tal y como lo subrayó al presentar el estudio Carme Riera, presidenta de CEDRO, la protección de la cultura escrita “debe ser entendida como una auténtica cuestión de Estado ya que sin cultura escrita no hay democracia sólida ni educación libre, ni desarrollo social sostenible”.
El 83,7 % de los encuestados entiende que respetar los derechos de autor es una buena práctica social, y el 88,7 % reclama más información sobre sus beneficios y sobre los efectos negativos de la piratería.
Sin embargo, el 67,6 % considera que existe un déficit de información sobre la propiedad intelectual, lo que dificulta valorar el trabajo de autores y editores.
Los ciudadanos piden que esta labor educativa no se limite al ámbito cultural, sino que implique a los ministerios de Transformación Digital, Industria, Justicia y Educación, en una acción conjunta que CEDRO define como “cuestión de Estado”.
Aunque la ciudadanía considera prioritario proteger la cultura escrita (los libros periódicos, revistas y partituras), para preservar el conocimiento, también percibe un entorno de malas prácticas que perjudican la sostenibilidad de este sector, lo que afecta la innovación, originalidad, el avance científico, cultural y económico.
La población encuestada identifica a las empresas tecnológicas como los principales responsables de las malas prácticas en el uso de contenidos editoriales (80,8 %), seguidas por las administraciones públicas (60,3 %).
La ciudadanía percibe una cesión de poder a las grandes plataformas y una legislación “sin criterio, con descontrol y concesiones”, que ha permitido la utilización masiva de obras sin compensación ni transparencia.
Entre las prácticas más rechazadas figuran:
Además, el 96 % considera que las vulneraciones cometidas por las administraciones públicas son igual o más graves que las de las empresas privadas, cuestionando la ejemplaridad institucional.
Más de la mitad de la población (51,4 %) considera que la IA representa un riesgo alto para la sociedad, especialmente por la manipulación informativa y la pérdida de pensamiento crítico. Los ciudadanos encuestados también ven riesgo de que se afecte la calidad de los contenidos y que el legado cultural se degrade.
Es por ello que el 89,7 % exige al Estado regular su uso en el ámbito cultural, y el 64,3 % considera esa regulación esencial para garantizar que la tecnología sirva a las personas y no al revés.
Los encuestados también son muy críticos con la actuación de las administraciones públicas, pues un 72,4 % opina que hasta ahora se ha legislado sin criterio ni proyección y un 80 % considera que se ha cedido ante los intereses de las grandes tecnológicas.
Sin embargo, las actitudes de la población frente a la IA son ambivalentes pues, a pesar de los temores, esta tecnología es cada vez más usada por la gente. Por ejemplo, el 59,3% ha usado alguna vez aplicaciones de IA generativa, y el 72,3 % de los usuarios afirma utilizar contenidos preexistentes (como textos de libros o webs) en sus prompts, lo que refuerza la necesidad de establecer normas claras sobre el uso de obras protegidas en el entrenamiento de modelos de IA.
“Las tecnológicas han utilizado obras de escritores, periodistas y traductores sin consentimiento ni compensación. No se trató de un descuido, sino de una decisión económica”, denunció Jorge Corrales, director general de CEDRO, durante la presentación.
El informe deja en evidencia una alta exigencia de la ciudadanía al gobierno central para que se protejan los derechos de autor de la cultura escrita. Pero también el 69 % de los encuestados atribuye a las Administraciones públicas la responsabilidad principal en las prácticas que perjudican la sostenibilidad cultural.
La sociedad asocia el respeto a los derechos de autor con una administración seria, justa y democrática, mientras que su vulneración se percibe como signo de opacidad, irresponsabilidad y debilidad institucional.
Por ello, los ciudadanos reclaman cuatro medidas prioritarias:
Por su parte, CEDRO ha propuesto un ‘Pacto de Estado’ que involucre a los ámbitos político, jurídico, económico y tecnológico, para garantizar la sostenibilidad del ecosistema editorial.
El informe subraya la necesidad de una legislación clara, de transparencia institucional y de campañas sostenidas de sensibilización sobre el valor social y económico de la cultura escrita.
“No se trata de frenar la innovación”, señaló Corrales, “sino de darle dirección y sentido humano, asegurando que el progreso tecnológico no se construya a costa de la precariedad de quienes crean”, concluyó.
Desde la Asociación de Medios de Información (AMI) insistimos en la necesidad de proteger los contenidos de los medios de comunicación, así como de toda la industria cultural y creativa, frente a las malas prácticas derivadas del dominio de las grandes plataformas tecnológicas. Consideramos esencial garantizar un entorno digital justo, en el que se respete el valor del contenido y los derechos de quienes lo producen.
En este sentido, acompañamos la posición de CEDRO y respaldamos las medidas que propone el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, entre ellas: una legislación que proteja los contenidos editoriales; transparencia institucional en la gestión y reutilización de obras protegidas por los derechos de autor; formación sobre derechos de autor en todos los niveles educativos y en las Administraciones públicas; y campañas sostenidas de sensibilización que refuercen el valor del contenido, el respeto al autor y la lucha contra la piratería.
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