La Comisión Europea acusa a TikTok y Meta de incumplir la Ley de Servicios Digitales

La Comisión Europea ha concluido de forma preliminar que TikTok y Meta (propietaria de Facebook e Instagram) han incumplido varias obligaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Según Bruselas, las plataformas dificultan el acceso de los investigadores a datos públicos, no ofrecen mecanismos claros para denunciar contenido ilegal y limitan el derecho de los usuarios a apelar decisiones de moderación.

La Comisión Europea ha determinado preliminarmente que TikTok y Meta (propietaria de Facebook e Instagram) incumplen varias de sus obligaciones de transparencia en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una de las normas más ambiciosas de la UE para regular a las grandes plataformas tecnológicas.

Según las conclusiones preliminares del Ejecutivo comunitario, Facebook, Instagram y TikTok habrían establecido procedimientos engorrosos y poco eficaces para que los investigadores puedan acceder a datos públicos.

Estas trabas generan información parcial o poco fiable, lo que impide analizar correctamente fenómenos como la exposición de menores a contenidos ilegales o dañinos.

El acceso de investigadores a los datos de las plataformas es una obligación clave de transparencia bajo la DSA, ya que permite someter sus algoritmos y prácticas al escrutinio público y evaluar su impacto en la salud física y mental de los usuarios.

Las dificultades para denunciar contenido ilegal 

La Comisión también advierte que Meta no ofrece mecanismos sencillos ni accesibles para notificar contenido ilegal, como material de abuso sexual infantil, propaganda terrorista o estafas.

En lugar de facilitar el proceso, Facebook e Instagram imponen pasos innecesarios y requisitos adicionales, lo que dificulta y disuade a los usuarios de denunciar.

Además, Bruselas detecta el uso de “patrones oscuros” —diseños de interfaz engañosos— que confunden a los usuarios y reducen la efectividad de los mecanismos de denuncia.

La DSA establece que estas herramientas son esenciales para que los usuarios y los “denunciantes de confianza” puedan alertar a las plataformas sobre contenidos que infringen las leyes europeas o nacionales.

Las apelaciones sobre la eliminación de contenidos

En materia de moderación de contenido, la Comisión considera que las herramientas de apelación de Meta no cumplen con la legislación.

Los usuarios de la UE no pueden aportar explicaciones ni pruebas cuando su contenido es eliminado o sus cuentas suspendidas, lo que limita su derecho a recurrir y reduce la transparencia en las decisiones de la plataforma.

Estas conclusiones se basan en una investigación en profundidad realizada por la Comisión en cooperación con Coimisiún na Meán, el Coordinador de Servicios Digitales de Irlanda, país donde Meta tiene su sede europea.

Lo que sigue en el la investigación 

Facebook, Instagram y TikTok podrán ahora examinar los documentos de la investigación y responder por escrito a las conclusiones preliminares. También tienen la opción de adoptar medidas correctoras antes de que se emita una decisión definitiva.

Si la Comisión confirma los incumplimientos, podría imponer una multa de hasta el 6% del volumen de negocio anual mundial de las compañías, además de sanciones periódicas para garantizar su cumplimiento.

A partir de este 29 de octubre de 2025, entrará en vigor el acto delegado sobre acceso a los datos, que permitirá a los investigadores acceder también a datos no públicos de las grandes plataformas y motores de búsqueda, reforzando así la rendición de cuentas del ecosistema digital europeo.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, subrayó la importancia de la decisión que ha tomado al Comisión Europea.

“Nuestras democracias se basan en la confianza. Esto significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio. La DSA lo convierte en una obligación, no en una opción”.

Virkkunen añadió que la Comisión seguirá garantizando que las grandes plataformas rindan cuentas ante los usuarios y la sociedad, como exige la legislación europea.