Estados Unidos impulsa una ley para que las empresas de inteligencia artificial paguen por el contenido que extraen de los medios

El Interactive Advertising Bureau ha presentado ante el Congreso estadounidense un borrador legislativo que obligaría a las compañías de IA a compensar a los editores por el uso de sus contenidos para entrenar modelos y generar resúmenes automáticos. La iniciativa, construida sobre el principio jurídico del enriquecimiento injusto, abre un debate que trasciende las fronteras norteamericanas y que tiene plena vigencia en Europa.

El Interactive Advertising Bureau (IAB), la principal asociación del sector publicitario digital en Estados Unidos, ha presentado un borrador de legislación federal denominado AI Accountability for Publishers Act, con el objetivo de poner freno a la extracción masiva y no remunerada de contenidos periodísticos por parte de los sistemas de inteligencia artificial. La propuesta, anunciada por el presidente y consejero delegado del IAB, David Cohen, en la reunión anual de la organización celebrada en Palm Springs en febrero de 2026, supone la respuesta más articulada hasta la fecha por parte de la industria al problema del llamado scraping de IA.

El argumento central del texto legislativo se apoya en una doctrina jurídica de larga tradición: el enriquecimiento injusto. Si una empresa obtiene un beneficio a expensas de otra sin abonar contraprestación alguna, no puede retener ese beneficio. Aplicado al sector de los medios, el razonamiento es directo: las compañías tecnológicas que entrenan sus modelos de lenguaje con contenidos periodísticos, o que generan resúmenes automatizados derivados de esos contenidos, están extrayendo valor de una inversión editorial que no han financiado.

Qué contempla la propuesta y qué protecciones ofrece

La legislación propuesta crearía una causa de acción federal que permitiría a los editores demandar a las empresas de IA que desplieguen bots para extraer contenidos sin consentimiento previo y expreso. Los editores podrían reclamar tanto la restitución del valor razonable del contenido utilizado como los beneficios perdidos por la desviación de tráfico, además de la devolución de los beneficios obtenidos por la explotación de sus contenidos, medidas cautelares y costes legales.

El texto define como «explotación» tanto el entrenamiento de sistemas de IA generativa como la producción de resúmenes y otros resultados derivados del contenido de los editores. De forma significativa, la propuesta contempla la suspensión del principio de uso justo recogido en la legislación de derechos de autor vigente —que las compañías tecnológicas han esgrimido habitualmente como defensa en los litigios— y prevalecería la normativa estatal en materia de propiedad intelectual. La investigación académica no comercial quedaría exenta, siempre que los contenidos sean anonimizados y no se moneticen.

La propuesta incluye también disposiciones con efecto retroactivo sobre los contenidos utilizados en el entrenamiento de modelos de IA durante los dos años anteriores a la eventual aprobación de la ley, lo que abriría la puerta a reclamaciones por la extracción de datos ya realizada. Los editores con mayor volumen de audiencia podrían obtener ingresos por licencias de entre 500.000 y dos millones de dólares anuales, según las estimaciones del propio IAB, aunque estas cifras dependen de que las compañías de IA cumplan efectivamente con sus obligaciones de pago.

Un recorrido legislativo incierto, pero un debate ya imparable

El IAB ha trasladado el borrador a miembros del Senado y a legisladores clave del Congreso, y trabaja para encontrar un patrocinador parlamentario que dé impulso formal al proyecto. No obstante, los expertos jurídicos advierten de que la aprobación de la ley podría llevar entre 18 y 24 meses como mínimo, en un contexto político en el que la administración Trump ha mostrado más disposición a reducir que a ampliar la regulación sobre las empresas tecnológicas. La búsqueda de apoyo bipartidista en un Congreso con una agenda cargada añade incertidumbre adicional al calendario.

A pesar de estos obstáculos, la presentación de la iniciativa marca un punto de inflexión en la posición de la industria. Como señala el propio IAB, los litigios en curso contra compañías como OpenAI pueden prolongarse durante años, y para entonces el daño al modelo económico de los medios podría ser irreversible. La vía legislativa, aunque más lenta que la judicial, ofrece la posibilidad de establecer un marco de aplicación general que no dependa de que cada editor cuente con recursos suficientes para sostener un proceso judicial de larga duración.

La dimensión europea del problema

La iniciativa estadounidense no es ajena al debate que se desarrolla simultáneamente en Europa. La Comisión Europea tiene abierta una investigación antimonopolio sobre el uso que Google hace de los contenidos de editores y creadores para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, y el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE contempla obligaciones de transparencia sobre los datos utilizados en el entrenamiento de modelos de propósito general. En paralelo, el Código de Prácticas de IA de la Comisión Europea —cuya redacción final sigue en discusión— es objeto de críticas por parte de News Media Europe y otras organizaciones del sector, que consideran que no garantiza una remuneración justa para los editores.

Para los medios españoles, el debate tiene una dimensión práctica inmediata. La extracción de contenidos periodísticos por parte de los sistemas de IA afecta directamente a su tráfico, a su visibilidad en los motores de búsqueda y, en última instancia, a su capacidad para sostener el periodismo de calidad. Que la industria publicitaria estadounidense haya decidido pasar de la queja a la propuesta legislativa concreta es una señal de que el sector considera agotadas otras vías. Lo que ocurra en el Congreso de Estados Unidos en los próximos meses marcará inevitablemente el ritmo del debate regulatorio a este lado del Atlántico.