La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia su inclusión en la lista “organizaciones indeseables” por parte de Rusia, lo que supone la criminalización de sus actividades en el territorio del Kremlin.
El pasado 14 de agosto, el Ministerio de Justicia ruso anunciaba una nueva incorporación a su lista de “organizaciones indeseables”, poniendo en jaque esta vez el derecho a la libre información al incluir a Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Prohibición de toda actividad de RSF
Formar parte de esta lista significa la prohibición de toda actividad de la organización en el país. Según la legislación vigente del país, adoptada en 2015, toda participación en las actividades de una organización perteneciente a esta lista será penada con sanciones que pueden ir desde una multa administrativa hasta penas de incluso 5 años de prisión, según si la participación es sustancial o reiterada.
RSF, que no tiene presencia en territorio ruso, declara no haber sido informada sobre su entrada en la lista ni sobre las consecuencias penales de ello. Sin embargo, afirman que la referencia a una organización presente en este registro o la publicación de información procedente de una de ellas es suficiente para iniciar procedimientos sancionadores.
Incluir a RSF en esta lista supone «un ataque directo al derecho a la información», como afirma Thibaut Bruttin, director general de la organización, quien asegura que se trata de un claro mensaje del Kremlin, que continúa su “cruzada” con el fin «de silenciar a todos aquellos que sigan denunciando la censura y la propaganda de su Gobierno».
Una lista con más de 250 organizaciones internacionales
En defensa del periodismo libre y del derecho a la información, Bruttin declara que no serán silenciados: “Seguiremos investigando y denunciando la guerra contra la información que se lleva a cabo y trabajando para que todos los responsables rusos de crímenes contra periodistas, tanto en Rusia como en Ucrania, sean identificados y juzgados”.
RSF se suma a otras organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Greenpeace, que también han denunciado abiertamente esta práctica «represiva y amenazante». En este contexto, la visión de Bruttin es clara:
“En cierto sentido, formar parte de esta lista formada por unas 250 organizaciones es un honor para RSF. La ausencia de motivos sugiere que esta decisión es un reconocimiento al conjunto de la labor de la organización, desde ayudar a organizar la huida de periodistas rusos hasta las emisiones de canales independientes mediante el satélite de (el proyecto) Svoboda”
Pese a que la propia web de la organización ya estaba censurada en el país desde 2024, cuando el regulador de medios Roskomnadzor la consideró una amenaza, su inclusión en esta lista y, por tanto, criminalización de sus actividades, supone un mayor atentado a las voces que defienden una información transparente y denuncian los delitos rusos.
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