Informe en el CGPJ critica el proyecto del Gobierno sobre el secreto profesional de los periodistas
De acuerdo con el informe que será debatido por el órgano de gobierno de los jueces, la propuesta del Ejecutivo ofrece una “protección más débil” que la europea y advierte de “falta de claridad” sobre cuándo puede limitarse el derecho al secreto profesional.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este miércoles un duro borrador de informe contra el anteproyecto de ley del Gobierno que busca regular el secreto profesional de los periodistas. En el documento de 37 páginas, confirmado por medios como El Debate, El País y El Confidencial, el órgano judicial alerta de que la norma propuesta por el Ministerio de Justicia presenta “fallas e inconcreciones” que pueden generar inseguridad jurídica y debilitar la protección de las fuentes informativas.
Según el texto que será discutido en el pleno del CGPJ de mañana, el proyecto de ley “establece un marco de limitación del derecho al secreto profesional que hace imprevisible para sus titulares saber qué fines justifican la restricción del derecho”, una falta de precisión que, a juicio del Consejo, “no se acomoda con las exigencias de claridad” que debe tener toda ley que afecte a derechos fundamentales.
El CGPJ considera que el anteproyecto “comporta una protección más débil” que la prevista por el Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como European Media Freedom Act (EMFA), en vigor desde el pasado 8 de agosto. Este reglamento fija estándares mínimos comunes en toda la Unión Europea para proteger la libertad de prensa y las fuentes periodísticas, e insta a los Estados miembros a establecer normas “más detalladas o más estrictas” que refuercen esa protección. En otras palabras, el desarrollo de esta normativa debe implicar un mayor nivel de protección para los periodistas, y no lo contrario.
Sin embargo, el informe del Consejo subraya que la propuesta española no solo no mejora la regulación europea, sino que incluso introduce confusión sobre su alcance, al “ocultar su origen” y no explicar con claridad cómo se adapta o amplía el marco comunitario.
El texto alerta también de que la redacción del proyecto deja excesivo margen a la interpretación de los jueces, lo que podría provocar decisiones dispares y un “efecto disuasorio” en el ejercicio del periodismo. “El legislador debe aclarar si el interés constitucional en la persecución del delito puede justificar restricciones al secreto profesional y en qué supuestos”, señala el CGPJ.
Un derecho sin desarrollo pleno
La regulación del secreto profesional de los periodistas es una deuda pendiente desde 1978. Aunque la Constitución española reconoce expresamente este derecho en su artículo 20, nunca se ha desarrollado mediante una ley orgánica. El Gobierno Nacional impulsó el anteproyecto el pasado julio, argumentando que busca “blindar la confidencialidad de las fuentes y garantizar un marco seguro para el ejercicio del periodismo”, según explicó entonces el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Una vez el anteproyecto fue aprobado por el Gobierno, el texto fue remitido al CGPJ, a la Fiscalía General y al Consejo de Estado para que cada uno emita un informe preceptivo, que en todo caso no es vinculante.
El texto presentado por Justicia establece que el secreto profesional solo podrá limitarse cuando “la revelación de la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a la vida, la seguridad nacional o los elementos esenciales del sistema constitucional”. No obstante, el CGPJ entiende que esos conceptos son demasiado amplios y carecen de concreción suficiente.
