La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado una propuesta legislativa que obliga a las plataformas digitales a compensar económicamente el uso de contenidos periodísticos y corrige las continuas negativas de las tecnológicas a negociar
La medida busca hacer más efectiva la aplicación de la directiva europea sobre propiedad intelectual de 2019. Siete años después de su creación, las empresas periodísticas siguen denunciando innumerables obstáculos para hacer efectivos estos cobros por la reproducción de fragmentos de sus artículos. La propuesta recién aprobada incorpora mecanismos concretos para reforzar la transparencia en el sector digital, imponiendo a las tecnológicas la obligación de entregar todos los datos relativos al uso de contenidos informativos e incluyendo una protección contra las represalias, lo que impide que las plataformas limiten la visibilidad ni modifiquen los métodos de visualización de las publicaciones de prensa en cuestión durante el periodo de negociación. Estos garantes resultan indispensables para llevar a cabo negociaciones equilibradas y asegurar los pagos a la prensa por su trabajo.
El nuevo marco normativo otorga poderes de arbitraje y supervisión a la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom). Este organismo adquiere la capacidad de imponer sanciones severas a las plataformas infractoras, incluidas multas económicas de hasta el 1 % de la facturación total de dichas empresas.
El autor del texto legislativo pertenece al grupo parlamentario MoDem. El diputado Erwan Balanant ha justificado la urgencia de esta medida apoyándose en cifras del Ministerio de Cultura, señalando que los ingresos de la prensa escrita francesa se han reducido casi a la mitad desde principios de siglo. Las grandes compañías digitales han concentrado una parte sustancial de la inversión publicitaria durante ese mismo periodo. Durante el debate parlamentario, el promotor de la ley alertó del riesgo inminente para la sostenibilidad del sector: «Nos enfrentamos a un riesgo de colapso de nuestro modelo de información, cuando, más que nunca, necesitamos esta información fiable y verificada, es un desafío democrático», defendió el político ante la cámara.
En la misma sesión, los diputados descartaron una enmienda de los grupos ecologista y social destinada a reservar un mínimo del 25 % de los ingresos recaudados directamente para los periodistas. Balanant argumentó la inadaptación de esa medida a la situación distinta de cada cabecera, identificando un riesgo de una salida progresiva del modelo de trabajo asalariado.
El grado de cumplimiento de las grandes empresas evidencia un escenario muy irregular, marcado por la negativa a negociar tarifas justas. Compañías como X y LinkedIn rechazan de plano iniciar conversaciones con la Alianza de la Prensa de Información General (APIG), la principal asociación del país. Esta contundente negativa impulsó a medios como Le Monde, Le Figaro y la Agencia France-Presse a presentar denuncias formales contra la red social propiedad de Elon Musk.
El caso de Meta ilustra a la perfección las dificultades para mantener alianzas a largo plazo. La corporación estadounidense estableció un acuerdo en 2021 con la Alianza de la Prensa, pero este contrato expiró en 2024 y las negociaciones posteriores de renovación fracasaron. La asociación de editores terminó demandando a la compañía de Zuckerberg ante la Autoridad de la Competencia a finales de 2025 por abuso de posición dominante, acusando a Meta de rebajar drásticamente su oferta de remuneración respecto al pacto anterior.
En el lado opuesto se sitúan corporaciones con la intención de colaborar. Google ha firmado múltiples pactos tras recibir diversas sanciones previas, y a principios de 2025 renovó su acuerdo con la principal alianza de prensa (APIG) por un periodo de tres años. Esta asociación agrupa cerca de 300 cabeceras francesas, tanto diarias como semanales. Microsoft también mantiene acuerdos activos con algunos editores del país, entre ellos el diario Le Monde.
La Alianza de la Prensa de Información General ha emitido un comunicado para celebrar el paso dado por la Asamblea Nacional. La entidad considera un éxito el reconocimiento legal de las tácticas de evasión de las plataformas y valora positivamente la creación de herramientas concretas para reequilibrar sus relaciones con los gigantes digitales.
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