El Gobierno abre a consulta pública el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público
El anteproyecto introduce un tope del 35% a los ingresos procedentes de publicidad institucional y nuevas obligaciones de transparencia sobre la propiedad y la financiación pública.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una reforma con la que el Ejecutivo pretende actualizar la regulación de la publicidad institucional y sustituir la vigente Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005. El texto ha sido sometido a trámite de audiencia e información pública a través del portal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el objetivo de recabar aportaciones antes de su aprobación definitiva.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Gobierno en 2024 y, de acuerdo con el ejecutivo, pretende adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), en vigor desde agosto de ese mismo año y de aplicación directa en los Estados miembros de la Unión Europea.
Un doble eje: límite a la financiación pública y transparencia en la propiedad
El anteproyecto se articula en torno a dos medidas centrales. Por un lado, fija un límite máximo del 35% a los ingresos que un medio de comunicación, o el grupo empresarial al que pertenezca, puede percibir del conjunto de las administraciones públicas en concepto de publicidad institucional. Por otro, refuerza las obligaciones de transparencia sobre la estructura de propiedad de los medios.
En relación con el primer punto, la norma establece que ningún medio o plataforma digital podrá superar el 35% de su cifra de negocios neta anual procedente de publicidad institucional de todas las administraciones juntas. En caso de rebasar ese umbral, no podrá acceder a nuevas campañas de publicidad pública.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que el objetivo es evitar situaciones de dependencia económica respecto de fondos públicos y reforzar la independencia estructural de los medios. Inicialmente, el Ejecutivo estudió fijar el límite en el 30%, aunque finalmente se ha establecido en el 35%.
Según informó el ministro López, el mercado publicitario español fue en 2024 de 13.080 millones de euros, de los cuales 2.700 millones provinieron de todos los niveles de la administración por publicidad institucional.
Excepciones para medios locales
El texto incorpora una excepción dirigida a medios de menor dimensión y ámbito territorial limitado. El límite del 35% no se aplicará a aquellos cuya cifra de negocios no supere los dos millones de euros y cuya audiencia esté concentrada, al menos en un 70%, en un máximo de tres comunidades autónomas limítrofes.
Estas condiciones deberán ser certificadas anualmente por un agente externo. Según el Ejecutivo, esta cláusula busca preservar el ecosistema de medios locales.
Registro, medición de audiencias y control del gasto
La norma regula la publicidad institucional tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, que deberán inscribirse en un registro público si desean recibir publicidad pública.
Asimismo, deberán cumplir los requisitos de transparencia previstos en el reglamento europeo, entre ellos la publicación de su denominación social, la identidad de sus titulares directos o indirectos con capacidad de influencia y el importe total anual de fondos públicos recibidos en concepto de publicidad institucional.
El anteproyecto también exige el uso de sistemas de medición de audiencia que cumplan con los estándares europeos de transparencia metodológica.
El seguimiento y control del gasto publicitario corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recibirá información de las distintas administraciones públicas. Además, el Gobierno deberá aprobar y presentar ante las Cortes, antes del 30 de junio de cada año, un informe anual detallando la inversión realizada y los destinatarios de los fondos.
Planificación de campañas y asistencia técnica
El texto establece que la planificación y difusión de las campañas institucionales se realizará preferentemente a través de medios de carácter informativo, definidos como aquellos que ofrecen contenidos de actualidad y ejercen responsabilidad editorial sobre su selección.
Como novedad, la Secretaría de Estado de Comunicación asumirá funciones de asistencia y apoyo técnico en la determinación de los criterios de difusión y en el seguimiento de las campañas.
Trámite de audiencia y recorrido parlamentario
El anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública, periodo durante el cual ciudadanos, organizaciones y entidades del sector pueden formular observaciones tanto sobre el articulado como sobre la memoria de impacto normativo. Tras analizar las aportaciones recibidas, el Gobierno podrá introducir modificaciones antes de aprobar el texto como proyecto de ley y remitirlo al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Dado el actual escenario parlamentario, el recorrido legislativo de la norma dependerá de los apoyos que el Ejecutivo logre recabar durante su tramitación en las Cortes.
Reacciones del sector
Tras conocerse el contenido del anteproyecto, distintos medios han recogido que asociaciones y editores han señalado que no participaron formalmente en su elaboración, matizando las declaraciones del ministro sobre la interlocución con el sector.
Algunas voces del ámbito editorial han indicado que analizarán el alcance del límite del 35% y sus efectos prácticos en los distintos modelos de negocio, así como las implicaciones de las nuevas obligaciones de transparencia en materia de propiedad y financiación pública.
El trámite de audiencia abierto permitirá que las organizaciones representativas del sector presenten observaciones formales antes de que el texto inicie su tramitación parlamentaria.
