El Consejo de Estado cuestiona varios puntos del proyecto de ley de medios y rechaza la creación de un registro obligatorio

La posición del órgano consultivo coincide con las críticas que han expresado las principales asociaciones de editores de medios en Europa, quienes han señalado que los registros de medios desvirtúan el espíritu de la EMFA.  

El Consejo de Estado ha advertido de la posible ilegalidad de varios aspectos del proyecto de ley que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados para desarrollar la aplicación en España el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

El órgano consultivo, presidido por Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno entre 2018 y 2021, ha formulado tres observaciones de carácter esencial al texto. 

En virtud de su reglamento interno, esta calificación implica que, si no se atienden dichas observaciones, la futura ley podría contradecir normas superiores, como la Constitución o leyes básicas, o vulnerar principios jurídicos fundamentales como los de legalidad, competencia o procedimiento.

El dictamen, al que ha tenido acceso Info Libre, centra sus reparos en tres ámbitos: la evaluación de las concentraciones de medios, la creación de un registro de medios de comunicación y el régimen sancionador previsto en la norma.

En relación con los procesos de concentración, el Consejo de Estado considera que el proyecto no define con suficiente precisión el procedimiento a seguir ni los criterios que determinarían cuándo una operación debe notificarse o cuándo puede afectar al pluralismo informativo. Tampoco establece umbrales económicos, referencias al mercado relevante ni parámetros que limiten la discrecionalidad administrativa.

A juicio del órgano consultivo, estas cuestiones deberían figurar en la propia ley, sin dejar su desarrollo a un reglamento posterior, tal y como ocurre en otros sectores regulados, como el financiero o el energético.

En cuanto al régimen sancionador, el dictamen señala que no queda claro qué autoridad será competente para supervisar y sancionar las posibles infracciones en el ámbito de la prensa. Critica, además, que se incluyan sanciones dirigidas a actores no regulados por la EMFA, como fabricantes de dispositivos o proveedores de sistemas de medición de audiencia. 

El registro de medios, una medida “innecesaria”

Uno de los puntos más destacados del dictamen es el rechazo a la creación de un registro de medios de comunicación, previsto en el anteproyecto del Gobierno.

El Consejo de Estado considera que dicha obligación no deriva del reglamento europeo, ya que este “se limita a exigir la unificación de la información publicada” por los medios “en una base de datos nacional”. Según el dictamen, la diferencia no es solo terminológica, sino también conceptual: “No se trata de crear un registro administrativo de control, sino de poner en funcionamiento un instrumento de transparencia al servicio de los ciudadanos y las empresas”, explica.

Además, el órgano advierte de que la imposición de un registro obligatorio podría interpretarse como una restricción al libre ejercicio de la actividad periodística y, por tanto, resultar contraria al espíritu del Reglamento EMFA, que insiste en proteger la libertad editorial y la independencia informativa.

Por ello, el Consejo recomienda suprimir el registro y propone como alternativa una base de datos de carácter público, similar a la que ya mantiene el Ministerio de Cultura para las editoriales. En ese modelo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargaría de centralizar la información que los propios medios están obligados a publicar, facilitando su consulta a cualquier interesado.

Esta posición del Consejo coincide con la de las principales asociaciones europeas de editores, como News Media Europe (NME) (de la que hace parte la Asociación de Medios de Información -AMI), ENPA y EMMA, que han advertido de que el Reglamento Europeo de Libertad de Medios no autoriza la creación de registros nacionales obligatorios. En una declaración conjunta, estas organizaciones recordaron hace una semana que la EMFA solo exige que los Estados reúnan la información que los medios ya publican en bases de datos accesibles al público, y alertaron de que transformar esa obligación en un sistema de registro podría abrir la puerta al control político y poner en riesgo la libertad y pluralidad informativa que el propio reglamento busca proteger.

Omisiones en la regulación de los medios públicos

El dictamen del Consejo de Estado también llama la atención sobre la ausencia de medidas relacionadas con la independencia de los medios públicos, pese a que el Reglamento Europeo obliga a los Estados miembros a garantizarla.

El Consejo recuerda que la normativa comunitaria exige que los procesos de nombramiento y financiación de los directivos y miembros de los consejos de administración de las radios y televisiones públicas sean transparentes y libres de influencia política.

Sin embargo, según el órgano consultivo, el proyecto de ley no modifica la Ley Audiovisual ni las normas sobre la radio y la televisión de titularidad estatal, ni la Ley de Financiación de la Corporación RTVE. “Resulta obligado designar una autoridad u organismo independiente, o establecer un mecanismo libre de influencia política, para hacer un seguimiento del cumplimiento de las exigencias de independencia”, subraya el dictamen.

Por último, el Consejo recomienda una revisión integral y sistemática del marco normativo español en materia de medios de comunicación, para adaptarlo de forma coherente a las exigencias europeas.