Caso Cursach: el juez controló teléfonos de la agencia EFE para desvelar sus fuentes
La agencia EFE ya ha anunciado que se adherirá a la querella contra el juez Florit por en defensa de su derecho al “libre ejercicio del periodismo”.
El juez del caso Cursach, Miguel Florit, solicitó el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia EFE en Baleares. Lo hizo con el objetivo de identificar las fuentes de una información relativa al caso, según ha revelado la propia agencia EFE en una nota.
El magistrado dictó un auto en el que requería a las compañías telefónicas que le facilitasen los listados de llamadas de la delegación de EFE en Baleares y del móvil de la redactora, con el argumento de que “todavía no está identificado el autor o autores de la filtración” de un informe sobre la situación fiscal de las empresas de Bartolomé Cursach, el empresario al que investigaba por presunta corrupción.
El magistrado solicita el registro de llamadas de la oficina de EFE en Palma y del móvil de la periodista de los doce meses precedentes, un periodo mayor que el que reclama en el caso de sus compañeros de Diario de Mallorca y Europa Press y de las comunicaciones de la delegación de esta última empresa.
“Precisamente se persigue con estas medidas averiguar su identidad”, sostiene el juez en una resolución en la que también requiere los listados de llamadas de los dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press a los que el pasado 11 de diciembre ordenó requisar sus teléfonos.
En este mismo auto, se ordena a EFE la “entrega inmediata” a los dos agentes que llevaban la investigación en la causa sobre presunta revelación de secreto del informe sobre el que la agencia, como otros medios de Mallorca, había publicado una noticia el 5 de julio.Los agentes ejecutaron la orden ese mismo día, en que se llevaron de EFE una copia digital del informe, cuya fuente la agencia no desveló.
En los razonamientos jurídicos del auto, el juez Florit alude a que la Ley de Protección de Datos ampara la cesión de información personal como los contactos telefónicos a la justicia y a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la interceptación de comunicaciones, aunque no hace ninguna referencia al derecho secreto profesional de los periodistas.
La actuación del juez Florit en esta causa está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a raíz de la querella por presunta prevaricación presentada contra el magistrado por los dos periodistas a quienes se requisaron los teléfonos móviles y por Europa Press y Diario de Mallorca.
Tras conocerse la noticia, la Agencia EFE ya ha anunciado que se adherirá a la querella planteada contra el magistrado en defensa de su derecho al libre ejercicio del periodismo.
