Foto: Europa Press

AMI se persona por la vulneración del derecho de información y libertad de prensa después de que se incautase material relacionado con investigaciones periodísticas en el marco de la operación Cursach en la sede de dos de sus medios asociados.

  La Asociación de Medios de Información se ha personado como acusación popular en el proceso contra el juez Miguel Florit por su auto en el que ordenaba la incautación de los móviles y ordenadores de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca en el marco de la investigación del caso ‘Cursach’, dada la gravedad de los hechos acontecidos el pasado 11 de diciembre en estos dos medios asociados. AMI se ha personado en calidad de acusador popular por vulneración del derecho de información y la libertad de prensa.

La querella, presentada inicialmente por ambos medios y los dos periodistas afectados, se presentó por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y fue admitida a trámite el pasado 18 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La Asociación de Medios de Información, de la que forman parte tanto Europa Press como Diario de Mallorca, considera que los registros y la incautación de material han supuesto un ataque contra el derecho a la información, un derecho fundamental recogido en la Constitución española.

Estas acciones judiciales se enmarcan en el compromiso de AMI por la libertad de prensa, necesaria para el buen funcionamiento democrático. La Asociación insiste en recordar a las autoridades policiales o judiciales que no se puede coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes. También se hace necesario recordárselo a la Fiscal General del Estado, ante la insólita e incomprensible nota de prensa hecha pública por la Fiscalía Anticorrupción sobre las medidas acordadas, que ahora tratan de presentarse como recogida de efectos del delito, excusa que supone un claro insulto a toda la profesión periodística.