Oslo y Londres ponen bajo examen las condiciones de Meta y los editores europeos estrechan filas

Sede del Tribunal de Distrito de Oslo, oficinas de la Autoridad de Competencia y Mercados en Londres y vista aérea de la sede de Meta en Menlo Park. Fotos: Ssu / CC BY-SA 4.0; The wub / CC BY-SA 4.0; InvadingInvader / CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

El Tribunal de Distrito de Oslo ha prohibido de forma cautelar a Meta aplicar los cambios en sus condiciones comerciales mientras no se determine si son legales. La decisión, adoptada el 28 de octubre, responde a la solicitud presentada un día antes por diez empresas de medios noruegas, entre ellas NRK, TV 2, Schibsted, Amedia, Polaris y la agencia NTB, en una iniciativa coordinada por la Asociación Noruega de Empresas de Medios (MBL).

Se trata de una medida provisional, no de un pronunciamiento sobre el fondo. El tribunal la dictó sin oír a Meta, que puede solicitar una vista oral. Su importancia está en el calendario, porque frena unas condiciones antes de que lleguen a aplicarse, cuando todavía es posible evitar el perjuicio.

Qué está en juego

Meta presentó a principios de octubre unas nuevas condiciones comerciales para todas las empresas que utilizan Facebook e Instagram. Incluyen una cláusula que le permitiría rastrear los sitios web vinculados a esas cuentas y utilizar su contenido (según los editores, también el que está tras un muro de pago), sin posibilidad de exclusión parcial. La única alternativa sería eliminar la cuenta. Tras las críticas, la compañía suprimió la referencia expresa al entrenamiento de inteligencia artificial, aunque los editores sostienen que la nueva redacción sigue amparando ese uso. La entrada en vigor, prevista inicialmente para el 30 de octubre, se aplazó después al 20 de noviembre. El 28 de octubre, Meta anunció que no introducirá cambios sin una consulta completa con el sector y que, si esta se prolonga más allá de esa fecha, retrasará su aplicación. Mientras tanto, siguen vigentes las condiciones actuales.

Según la resolución recogida por la prensa noruega, los medios podrían perder el control sobre un contenido editorial construido durante años, y la única causa de ese riesgo sería que Meta modifique unilateralmente sus condiciones. El procedimiento deberá determinar si estas constituyen un abuso de posición dominante. La presidenta de MBL, Lene Eltvik Vindfeld, resumió la posición del sector: «No podemos aceptar que Meta dicte las condiciones de acceso del público».

Los medios noruegos plantean tres exigencias: que Meta respete por escrito las reservas de derechos de cada editor; que cualquier uso del periodismo en servicios de inteligencia artificial requiera acuerdos voluntarios y remunerados; y que quien lo rechace no sea penalizado con menor visibilidad o exclusión de las plataformas.

Una misma dirección en toda Europa

La decisión de Oslo se suma a otras iniciativas. La AMI rechazó el 22 de octubre las nuevas condiciones, por considerarlas una amenaza para la propiedad intelectual de los editores, la competencia en el mercado digital y la sostenibilidad de los medios, y pidió a la Comisión Europea medidas cautelares urgentes, en respaldo de la petición de las organizaciones europeas EMMA, ENPA, EPC y News Media Europe. Asociaciones de editores alemanes han pedido a la Comisión que actúe ante una posible vulneración del Reglamento de Mercados Digitales y un abuso de posición dominante. En Suecia, la asociación Tidningsutgivarna ha pedido a las autoridades una revisión urgente; su director general, Johan Taubert, advirtió de que «esto también es una cuestión de poder de mercado».

En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) abrió el 30 de octubre una investigación formal por presunto abuso de posición dominante. Examinará si las nuevas condiciones permitirían a Meta recopilar contenido de las webs de editores y otras empresas para desarrollar sus propios productos, incluidas funciones de inteligencia artificial, sin que estas puedan decidir si se utiliza ni cómo. La apertura del expediente no prejuzga el resultado. La directora ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell, recordó que una empresa dominante no debe usar esa posición «para imponer condiciones injustas».

La respuesta tiene también dimensión mundial. El 29 de octubre, la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), que agrupa a 60 asociaciones nacionales y más de 20.000 cabeceras en 120 países, remitió una carta pública al consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg. La firman su presidenta, Ladina Heimgartner; su consejero delegado, Stig Ørskov, y la directora general de la AMI, Irene Lanzaco, como presidenta del Comité de Directores de Asociaciones Miembro de WAN-IFRA. Los mismos firmantes se habían dirigido ya el 22 de octubre a Meta para pedir la suspensión de la cláusula de rastreo. La nueva carta valora el compromiso de consulta, pero advierte de que «aplazar las condiciones no es lo mismo que retirarlas», y pide que la consulta vaya más allá de reuniones bilaterales y que su resultado se acuerde con el sector.

Existen, además, precedentes recientes. El 8 de julio, la Autoridad de la Competencia francesa ordenó cautelarmente a Meta reanudar de buena fe las negociaciones sobre derechos afines con las organizaciones de editores DVP y APIG. En España, un juzgado de Madrid condenó a Meta en noviembre de 2025 a indemnizar con 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias de la AMI por competencia desleal, en una sentencia que no es firme.

El sentido de estas acciones

Las vías son distintas (el derecho de la competencia, el Reglamento de Mercados Digitales, la propiedad intelectual y la protección de datos), pero el fondo es común. Se discute si una plataforma con una posición determinante en el acceso a la audiencia puede fijar por sí sola las condiciones en que utiliza el trabajo de los editores, y si puede emplearlo para desarrollar servicios de inteligencia artificial que compiten con los propios medios.

Las medidas cautelares tienen aquí un papel específico. Un contenido extraído y utilizado para entrenar un sistema no se puede recuperar después. Por eso los editores reclaman que se actúe antes de que las condiciones se apliquen, y no solo cuando un tribunal se pronuncie sobre el fondo, años más tarde.

Para la AMI, la decisión de Oslo y la investigación británica muestran que tribunales y autoridades consideran necesario examinar estas condiciones antes de que se apliquen. La consulta anunciada por Meta abre una vía de diálogo, pero el aplazamiento no resuelve el problema de fondo. La consulta solo será útil si parte del consentimiento, la transparencia y una participación justa en el valor que genera el periodismo. La protección de la información no puede depender de lo que cada editor consiga ante cada jurisdicción. Corresponde a las instituciones europeas dar una respuesta común a un problema que ya es común. Las plataformas han cambiado la forma en que las noticias llegan a los ciudadanos, pero eso no las convierte en propietarias de las noticias.