El nuevo Proyecto de Ley de Información Clasificada: avances, amenazas y el papel esencial del periodismo

El Gobierno aprueba una nueva ley que plantea importantes implicaciones para la libertad de información. 

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituye a la actual Ley de Secretos Oficiales de 1968. El texto introduce un marco normativo actualizado para la clasificación y desclasificación de documentos oficiales, con novedades relevantes como límites temporales, la creación de una autoridad nacional y sanciones administrativas.

Sin embargo, pese a algunos avances, el proyecto mantiene elementos preocupantes que podrían afectar gravemente al ejercicio del periodismo y al derecho a la información, pilares fundamentales en una democracia.

Nuevas reglas para clasificar y desclasificar información

Entre los aspectos más destacados de la nueva norma están los plazos máximos de clasificación según el nivel de confidencialidad:

• Alto secreto: hasta 45 años, prorrogables 15 más.
• Secreto: 35 años, prorrogables 10.
• Confidencial: entre 7 y 9 años, sin prórroga.
• Restringido: entre 4 y 5 años, sin prórroga.

Además, se desclasificarán automáticamente los documentos anteriores a 1981, salvo que se justifique lo contrario. Y, por primera vez, la ley prohíbe clasificar documentos que contengan graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Una autoridad nacional y más concentración de poder

El texto crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente del Ministerio de la Presidencia. Esta figura será responsable de coordinar la protección del material clasificado y revisar su justificación.

Sin embargo, las categorías más altas de secreto seguirán en manos exclusivas del Consejo de Ministros, mientras que ministros y altos cargos del Estado podrán declarar documentos como “confidenciales” o “restringidos”. Esta concentración de poder sin un órgano independiente de supervisión genera inquietud entre organizaciones defensoras de la transparencia.

Un régimen sancionador que puede desalentar el periodismo

El proyecto contempla un sistema de sanciones que, según su gravedad, pueden oscilar entre 30.000 euros y 2,5 millones de euros. Aunque se reconoce el derecho a la libertad de información como criterio atenuante, la posibilidad de sancionar a periodistas por publicar información clasificada no queda expresamente excluida.

Esto plantea un serio riesgo de autocensura, especialmente en un contexto en el que buena parte del periodismo de investigación se apoya en filtraciones o documentos confidenciales de interés público.

Avances en la protección del secreto profesional

Como novedad, el texto incorpora el reconocimiento del secreto profesional de los periodistas. Los profesionales de la información podrán solicitar la desclasificación de documentos por interés profesional y, en caso de negativa, acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Se trata de un paso adelante que responde a una demanda histórica del sector, aunque sigue siendo insuficiente sin una protección expresa frente a sanciones por publicar contenidos de relevancia pública.

El apoyo ciudadano al periodismo como contrapoder

Este debate legislativo coincide con una creciente demanda ciudadana de medios independientes y vigilantes del poder. Según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters:

• Un 72 % de los encuestados en España considera que el periodismo debe actuar como contrapeso frente a gobiernos e instituciones.
• El 64 % valora especialmente las investigaciones periodísticas que afectan a grandes empresas, partidos o administraciones.
• Los medios que ofrecen periodismo de profundidad y rigor gozan de mayor confianza entre la ciudadanía.

Estos datos muestran que lejos de ser un obstáculo, el periodismo de investigación es un bien público valorado. Cualquier norma que limite su capacidad de actuar, aunque sea de forma indirecta, contradice no solo principios democráticos, sino también la voluntad expresada por la sociedad.

Una oportunidad para reforzar la democracia

España necesitaba una nueva ley que reemplazara un marco legal obsoleto. Pero esta actualización no debe convertirse en una herramienta para blindar el poder o restringir el acceso a la información pública. El periodismo libre e independiente no es una amenaza, sino una condición necesaria para una democracia sana.

Por eso, el trámite parlamentario debe servir para introducir mejoras clave, garantizar salvaguardas frente a abusos y asegurar que la protección de la seguridad nacional no se convierta en un pretexto para limitar derechos fundamentales.

En ese proceso, resulta imprescindible que se escuche a quienes se verán directamente afectados por esta legislación. AMI, como la principal asociación de medios de información de España, representa a los editores que sostienen el periodismo profesional y garantizan el derecho de la ciudadanía a estar informada. Esperamos que nuestras aportaciones sean tenidas en cuenta en el debate parlamentario, porque lo que está en juego no es solo el acceso a documentos, sino la calidad democrática del país.