El Gobierno británico pone límite a la IA y blinda la propiedad intelectual de los creadores de contenidos

La Asociación de Editores de Reino Unido (Publishers Asociation) respira aliviada con la reciente medida tomada por el Gobierno de reconocer el valor de un régimen de propiedad intelectual para los creadores de contenido del país. Lo que significa que los sistemas de inteligencia artificial no podrán alimentarse de los contenidos de los editores.

En un comunicado, Dan Conway, director general de la Asociación de Editores británica, ha agradecido a su Gobierno que “haya escuchado las preocupaciones de los editores sobre la excepción relativa a la extracción de textos y datos y que reconozca el valor de un régimen de propiedad intelectual sólido para los creadores y la economía del Reino Unido. Los editores están dispuestos a colaborar con el Gobierno para garantizar que nuestras industrias creativas, líderes en el mundo, y nuestro sector de la inteligencia artificial, en plena expansión, se fortalezcan mutuamente”.

La decisión se ha tomado después de que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido llevara a cabo una consulta sobre la forma en que la legislación británica de derechos de autor debería tratar las nuevas tecnologías de IA, especialmente aquellas que crean y producen contenidos. La nueva excepción propuesta fue muy criticada por las industrias de derechos de autor cuando se anunció durante los últimos días del gobierno de Johnson. En una carta dirigida al entonces Secretario de Estado, Kwasi Kwarteng, un grupo de organizaciones del sector editorial compartieron su preocupación colectiva por la decisión de introducir una nueva excepción a los derechos de autor y a las bases de datos y su posible incompatibilidad con el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC.

Sin embargo, algunos ministros como George Freeman, secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, han criticado esta medida alegando “que debería haberse recogido en la consulta previa antes de que se anunciaran las propuestas”, y que, por tanto, “estamos intentando detenerlas”.

En España se ha realizado erróneamente la transposición de la directiva europea.

En España, el Gobierno aún no ha manifestado su posición ante el avance de la IA y de herramientas como ChatGPT, que se alimentan en gran medida de los contenidos creados por los medios de información, entre otros. Y la transposición de la directiva en materia de autor del año 2019 se ha hecho erróneamente, pues mientras permite al titular oponerse a la utilización de sus contenidos para minería de datos, la legislación española ha hecho lo contrario y no lo permite. Se ha legislado en sentido contrario a lo previsto en la directiva, lo que ha originado un grave perjuicio a los titulares de derechos, que ven cómo la inteligencia artificial va a extraer el valor de sus contenidos al amparo de la excepción de la minería de datos por culpa del citado error.

Como ya comentamos hace unos días, desde AMI queremos resaltar que los editores de medios de información que no deseen que sus contenidos sirvan para alimentar estas herramientas de IA, es decir, para poder alimentar el conocimiento de la inteligencia artificial que veíamos en los anteriores ejemplos, tienen la posibilidad de invocar la aplicación por efecto directo de la directiva europea en materia de derechos de autor y reservarse para si sus derechos. Los términos para ello los recoge el artículo 4 de la directiva de 17 de abril de 2019. Para que la reserva surta efecto, los editores deben también incorporar esta reserva de derechos en lenguaje máquina que sea legible por las arañas que rastrean las páginas webs de los medios.

De momento, mientras en Reino Unido ponen límites a la IA y la amenaza para los creadores de contenido, en nuestro país hemos realizado mal la transposición de la citada directiva.