El máximo órgano consultivo de la Comunidad autónoma advierte que esta norma colisiona con legislación estatal básica, introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, y establece limitaciones económicas arbitrarias para los medios de comunicación.
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un dictamen que pone en cuestión la validez de varios aspectos fundamentales de la Ley 1/2025 de Publicidad Institucional, norma aprobada el pasado mes de julio en las Cortes autonómicas.
El informe, solicitado por la Consejería de la Presidencia para aclarar dudas sobre su interpretación y aplicación, advierte de posibles vulneraciones constitucionales y de invasiones competenciales que afectan de manera directa al funcionamiento de los medios de comunicación de la Comunidad.
Uno de los puntos centrales señalados por el dictamen es la exclusión de los medios condenados en sentencia firme para acceder a contratos de publicidad institucional. Según el órgano consultivo, esta medida, que constituye el núcleo de la ley, carece de respaldo constitucional y supera claramente las competencias de la Comunidad Autónoma, ya que introduce prohibiciones no contempladas en la legislación estatal básica. El riesgo de nulidad jurídica es, por tanto, elevado, lo que abre un escenario de incertidumbre tanto para la administración como para los medios.
El informe también cuestiona de manera tajante la limitación que impone la norma, que establece que un medio no puede obtener más del 33 % de su cifra de negocio anual a través de contratos de publicidad institucional. El Consejo considera que se trata de un criterio arbitrario, que vulnera la libre competencia de los medios y que introduce un trato desigual injustificado.
La aplicación estricta de esta restricción puede tener efectos devastadores sobre la viabilidad de muchos medios, especialmente locales, cuya sostenibilidad depende en buena medida de la inversión institucional. De aplicarse sin cambios, esta previsión podría reducir la pluralidad informativa y comprometer la diversidad de voces en la difusión de campañas públicas.
El dictamen advierte, además, de otros conflictos jurídicos relevantes. Entre ellos, recuerda que la Comunidad no puede agravar sanciones ya establecidas por la legislación estatal en materia penal, ni introducir regulaciones en el ámbito laboral, como las disposiciones sobre la subrogación de trabajadores vinculados a las concesiones de la televisión autonómica. Estas materias son competencia exclusiva del Estado y la intromisión autonómica genera inseguridad jurídica tanto para las empresas como para los propios trabajadores afectados.
En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “el dictamen del Consejo Consultivo avala lo que la Junta de Castilla y León venía señalando desde la entrada en vigor de la ley: esta norma no solo excede las competencias autonómicas, sino que también vulnera principios constitucionales fundamentales”.
A pesar de estas advertencias, el Consejo recuerda que la Ley 1/2025 continúa siendo de obligado cumplimiento, de modo que deberán ser los propios medios los que acudan a los tribunales si consideran que determinadas disposiciones vulneran sus derechos. Esta situación coloca al sector en una posición delicada: obligado a adaptarse a una norma cuestionada en su legalidad y, al mismo tiempo, con la carga de litigar para defender sus intereses.
El escenario que se abre tras el dictamen es complejo. La publicidad institucional representa para muchos medios un soporte esencial de ingresos y, al mismo tiempo, un mecanismo de conexión con la ciudadanía. Si se aplican restricciones arbitrarias o exclusiones inconstitucionales, no sólo se pondrá en riesgo la sostenibilidad de parte del tejido mediático de la Comunidad, sino también la pluralidad y la independencia informativa. La llamada del Consejo Consultivo es clara: garantizar seguridad jurídica, igualdad y libre competencia es indispensable para que la publicidad institucional cumpla su función sin poner en entredicho la diversidad del sistema informativo.
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