Día de Europa y libertad de prensa: una semana de símbolos y una asignatura pendiente
El 9 de mayo, los medios europeos celebraron el Día de Europa con una reafirmación de su compromiso con la democracia y la información veraz. Apenas dos días antes, el 7 de mayo, vencía el plazo para transponer la Directiva anti-SLAPP. El contraste entre ambas fechas resume bien el momento del periodismo europeo: mucho consenso declarativo y un cumplimiento normativo que va con retraso.
La semana pasada dejó en Europa dos fechas que conviene leer juntas. El 9 de mayo se celebró el Día de Europa, que este año conmemoraba el 76º aniversario de la Declaración Schuman y, además, los 40 años de la entrada de España y Portugal en la entonces Comunidad Económica Europea. Con ese motivo, organizaciones de medios y periodistas de todo el continente —entre ellas la Federación Europea de Periodistas (EFJ)— difundieron un manifiesto conjunto reafirmando su compromiso con una Europa democrática y unida.
El texto parte de una idea sencilla: una prensa libre e independiente es una piedra angular de la democracia, y la información profesional y basada en hechos es lo que permite que la ciudadanía siga informada y activa.
Dos días antes, el 7 de mayo, había vencido una fecha menos solemne pero más exigente: el plazo para que los Estados miembros de la Unión incorporaran a su legislación nacional la Directiva anti-SLAPP, conocida también como «ley Daphne» en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017 cuando afrontaba casi medio centenar de demandas.
La norma, aprobada en abril de 2024, obliga a los Estados a dotarse de mecanismos contra las demandas judiciales abusivas: procedimientos de desestimación temprana de pleitos manifiestamente infundados, sanciones a quienes los interponen y medidas de protección para los afectados.
El balance, una semana después, es el de una asignatura pendiente. Según el European Anti-SLAPP Monitor y la propia EFJ, el plazo se ha incumplido en casi todos los Estados miembros. Solo un grupo reducido de países ha avanzado de manera apreciable: Francia y Malta figuran como casos de transposición «parcial», mientras que países como Bélgica, Alemania o Países Bajos han iniciado el proceso con borradores en distintas fases de tramitación.
Y ahí está, precisamente, el punto más delicado. La Directiva, en su literalidad, se aplica a los litigios con elementos transfronterizos, pero estos representan solo en torno al 8,5% de los casos de SLAPP registrados en Europa.
Si los Estados se limitan a una transposición de mínimos y no extienden la protección a los pleitos puramente domésticos, la inmensa mayoría de periodistas y medios quedará fuera del paraguas que la norma pretendía ofrecer.
Reporteros Sin Fronteras ha pedido a los Gobiernos que vayan más allá del mínimo y que incluyan también los procedimientos penales, como las querellas por difamación.
Que el problema es real lo confirma la actualidad de estos mismos días. RSF documenta casos abiertos en varios Estados miembros, y mañana mismo, 14 de mayo, está previsto que comience en Grecia un juicio que el sector observa con atención, derivado de una demanda contra un medio digital.
No hace falta, en cualquier caso, salir de la Unión para encontrar presión sobre la prensa: más allá de las fronteras europeas, la reciente suspensión de la agencia France-Presse y de otros medios franceses por parte de la junta militar de Níger recuerda hasta qué extremo puede llegar el cierre del espacio informativo cuando no existen contrapesos.
Las demandas abusivas funcionan como un mecanismo de desgaste: no buscan tanto ganar el pleito como imponer a la cabecera un coste económico y temporal que acabe disuadiéndola de cubrir determinados temas —corrupción, asuntos urbanísticos, investigaciones empresariales o tribunales—.
El efecto, descrito una y otra vez en los informes europeos, es de autocensura preventiva. Y la autocensura no la sufre solo el periodista o el medio demandado: la sufre el conjunto de los lectores, que se quedan sin esa información.
Por eso, la transposición de la Directiva no es un tecnicismo jurídico, sino una cuestión que afecta directamente a la calidad del periodismo que llega a los ciudadanos.
El Día de Europa y el plazo de la Directiva anti-SLAPP cuentan, en realidad, la misma historia desde dos ángulos. El primero recoge el consenso: prácticamente nadie discute, en el plano de los principios, que la libertad de prensa es esencial para la democracia europea. El segundo mide los hechos: cuando ese consenso tiene que traducirse en leyes nacionales, plazos concretos y mecanismos efectivos, el ritmo se ralentiza.
Desde AMI defendemos que el mejor homenaje a las efemérides de esta semana es exactamente ese: convertir las declaraciones en normas que funcionen. Una transposición ambiciosa de la Directiva anti-SLAPP —que incluya los litigios domésticos y los procedimientos penales—, junto con un marco estable que proteja la viabilidad económica de los editores, es lo que de verdad separa una Europa que celebra la libertad de prensa de una Europa que la garantiza.
