Citación judicial a periodista abre debate sobre la protección de las fuentes en Francia

Reporteros sin Fronteras y 110 organizaciones más enviaron una solicitud al gobierno francés para que se garantice la protección de las fuentes periodísticas, todo esto a raíz de la citación judicial del viernes pasado a la periodista francesa Ariana Lavrilleux. 

La periodista del medio de investigación Disclose, quien fue detenida en septiembre del 2023, acudió el viernes ante un tribunal de París, en el marco de un proceso judicial por su investigación sobre una operación militar secreta de Francia en Egipto que supuestamente fue mal utilizada por el país árabe para ejecutar a civiles. 

El caso de Lavrilleus, quien finalmente no fue acusada sino puesta bajo la condición de “testigo asistido”, ha suscitado polémica debido a que se suma a por lo menos 27 periodistas que han sido citados o detenidos en los últimos 15 años en Francia. 

Aunque el secreto de las fuentes está protegido en el país desde el 2010, a través de la ley DATI, los organizaciones consideran que esta normativa debe ser actualizada. Por ello, expusieron en su carta cinco recomendaciones:

Limitar las posibilidades de levantar el secreto de las fuentes 

Proponen que se actualice la ley francesa con el fin de restringir y aclarar las condiciones que permiten levantar el secreto de las fuentes, específicamente aquellas en las que se hacen excepciones por motivos “de interés público superior”. 

Autorización previa de un juez

Antes de poder adoptar cualquier medida policial o judicial contra un periodista, como realizar registros u ordenar su geolocalización, debería existir una autorización previa de un juez independiente. 

Ampliar el alcance de la protección de fuentes

Esto, para que la protección del secreto de fuentes no solo se aplique a los periodistas sino también a otros profesionales, como a los autores de trabajos de investigación y documentalistas. 

Posibilitar la anulación de medidas judiciales 

Solicitan que se permita que los periodistas que no estén directamente implicados en investigaciones en las que se revelen sus fuentes puedan pedir la anulación de medidas policiales o judiciales que infrinjan el secreto de fuentes.

Penalizar la violación de la confidencialidad de fuentes

Las organizaciones plantean crear un delito que castigue la violación del secreto de fuentes, como sucede con el secreto de los abogados y los médicos.