Cientos de periodistas han promovido la entrega de firmas a la Fiscalía y al CGPJ para denunciar unos hechos que lesionan los derechos constitucionales de los periodistas y medios.

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el World Editors Forum (WEF) han condenado los registros  de la policía para confiscar documentos y equipos de la agencia de noticias Europa Press y del periódico Diario de Mallorca.

El director de la WAN-IFRA, Vincent Pèyregne aseguraba que desde la Asociación Mundial están ” consternados por el hecho de que la policía haya socavado la libertad de prensa al intentar decomisar material periodístico que corre el riesgo de exponer información sobre fuentes confidenciales”.  A la vez exigían a las autoridades españolas que “cesen sus investigaciones penales y que renueven su compromiso de defender -en lugar de criminalizar- el periodismo”.

A nivel europeo, News Media Europe condenada “enérgicamente” lo que calificaba de “ataque claro contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y la libertad de los medios de información”.

Desde el ámbito periodístico, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado “tajantemente” lo ocurrido el martes en las redacciones de ambos medios en Baleares y recordaba que esa incautación “vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el periodista”. En este sentido, la FAPE defendía que “en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información”.

Una línea similar, mostraban otras asociaciones de defensa de profesionales de la información como el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares o la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares. En ambos casos, hablaban de una condena enérgica al “entender que supone una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución en su artículo 20”.

Las  federaciones internacional y europea de Periodistas, la FIP y EFJ, también se han unido a los mensajes de condena lanzados por sus homólogas en España ante lo que consideran una “grave violación del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes”.

Tras las reacciones de condena, más de 200 periodistas de diferentes medios han entregado a la fiscal general del Estado, María José Segarra, una carta en la que denuncian los hechos. En su opinión, “la actuación respaldada por la Fiscalía” de la que Segarra es responsable “sume en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte”.

Horas más tarde, más de 650 periodistas apoyaban un escrito entregado al Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces, en el que trasladan su “intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege la Constitución (secreto profesional) producida en el caso Cursach”.

Los profesionales de medios escritos y audiovisuales denuncian lo que consideran un “ataque desproporcionado al derecho a la información que sienta un precedente gravísimo” con dicha decisión”.