Una nueva ley para regular el ecosistema digital y mediático en España: claves del proyecto del Gobierno

El pasado 29 de julio, el Gobierno de España remitió al Congreso el ‘Proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación’. Se trata de una norma diseñada para alinear el marco legal español con dos reglamentos clave de la Unión Europea: el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), en vigor desde 2024; y el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), que será de aplicación obligatoria a partir del 8 de agosto.

Más allá de su nombre técnico, el proyecto aprobado por el gobierno español redefine las reglas del juego para plataformas digitales, medios de comunicación y organismos reguladores. Lo hace otorgando nuevos poderes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), instaurando un registro público obligatorio para los medios y estableciendo un régimen sancionador que podría cambiar la forma en que se gestiona y fiscaliza la comunicación en el país.

Un regulador con más poder que nunca

Una de las claves del proyecto es el refuerzo del papel de la CNMC. El organismo se convertirá en el supervisor principal del ecosistema digital y mediático en España, respondiendo a una exigencia del reglamento EMFA. También tendrá potestad para emitir resoluciones vinculantes, imponer medidas provisionales, multas coercitivas y sanciones económicas a medios y plataformas que incumplan la normativa.

Para ello, se crearán dos nuevas direcciones dentro de la CNMC: una centrada en servicios digitales y otra dedicada a medios de comunicación. Este rediseño apunta a una supervisión más especializada y continuada.

Además, será el órgano encargado de evaluar concentraciones de medios antes de que se materialice la fusión de grupos mediáticos, con el fin de preservar el pluralismo informativo. Aún no se han fijado los umbrales que determinarán si una operación afecta a la pluralidad; será la propia CNMC quien los proponga y quien haga esta evaluación, no solo desde el punto de vista de la competencia económica, sino también de su efecto sobre la diversidad informativa.

Un registro obligatorio para los medios

La ley también establece la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación. A diferencia de los registros actuales de carácter autonómico o sectorial, este será obligatorio, de ámbito estatal y gestionado por la CNMC.

Todos los medios —ya sean impresos, audiovisuales o digitales— deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura accionarial, vías de financiación, fuentes de ingresos por publicidad institucional y, en caso de haberla, financiación extranjera. Aunque el registro no tiene carácter constitutivo, no cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones. Para los medios escritos y radios pueden llegar hasta 100.000 euros y, en el caso de televisiones, hasta 750.000 euros. Las infracciones muy graves, como aquellas relacionadas con la concentración indebida del mercado, pueden elevar las sanciones a 200.000 euros para prensa y radio y hasta 1,5 millones para televisiones.

Transparencia, algoritmos y menores: nuevas obligaciones para plataformas digitales

El texto también impone mayores exigencias de transparencia algorítmica a las grandes plataformas digitales. Tendrán que informar sobre cómo funcionan sus sistemas de recomendación, disponer de canales eficaces de denuncia para contenidos ilícitos y abstenerse de usar datos sensibles para personalizar publicidad, especialmente cuando los usuarios son menores de edad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) jugará aquí un papel importante, supervisando que estas nuevas obligaciones se cumplan y colaborando con la CNMC en su ejecución.

Las sanciones para plataformas digitales que infrinjan las normas del DSA pueden alcanzar el 6 % del volumen de negocio mundial. También se contempla un mecanismo de multas coercitivas del 5 % diario del volumen de negocio por incumplimiento de resoluciones, en línea con lo previsto en la normativa comunitaria.

Un punto de inflexión en la política informativa

El Proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación marca un hito en la regulación del espacio mediático español. Aporta mecanismos de control y transparencia que responden a exigencias europeas, pero también plantea interrogantes sobre su impacto real en la pluralidad y en la libertad informativa.

Aunque muchas redacciones ya estaban alineadas con los requisitos de transparencia que se proponen, algunas asociaciones del ámbito digital y regional han mostrado reservas ante el modelo de supervisión centralizado en la CNMC. Otros sectores han mostrado preocupación sobre la posibilidad de que el registro se convierta en una herramienta indirecta de discriminación a la hora de adjudicar publicidad institucional.

Desde la Asociación de Medios de Información (AMI) consideramos que esta legislación, por su alcance e impacto, debe ser objeto de un diálogo abierto y constructivo con los medios de comunicación, actores directamente afectados por estas medidas y pilares fundamentales de la construcción democrática. Creemos que la voz, preocupaciones y propuestas del sector deben ser escuchadas y tenidas en cuenta durante la tramitación parlamentaria. Solo así se podrá alcanzar un marco regulador equilibrado, eficaz y respetuoso con la libertad de prensa.