Supuestos espionajes a periodistas y defensores de DDHH por parte del Gobierno Mexicano

Libertad de prensa, cada vez más afectada en México. A través de un servicio de espionaje, el gobierno supuestamente espiaba a periodistas.

Según una investigación publicada por el periódico estadounidense The New York Times, el centro de investigación Citizenlab y tres ONGs locales mexicanas, el Gobierno de México habría espiado a un total de 15 personas entre los años 2015 y 2016, dañando por completo la libertad de prensa en el país. Lo habría llevado a través de Pegasus, un software espía propiedad de la israelí NSO Group que se vende bajo la condición de que se utilice única y exclusivamente para fines antiterroristas y/o de lucha contra el crimen organizado. Este servicio de espionaje funciona enviando mensajes personales, alertas anti-secuestro o mensajes de instancias gubernamentales mexicanas o estadounidense. Tal y como ha podido conocer WAN-IFRA, al abrir el enlace que contenía dicho mensaje, el dispositivo de la víctima se infectaba permitiendo usarlo como una herramienta de espionaje.

Este hecho que atenta contra la libertad de prensa ha sido denunciado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro Mundial de Editores (WEF) quienes calificado estas prácticas de “viles” y de ser utilizadas en estados autoritarios, no siendo propio del país centroamericano. “Es fundamental que se inicie una investigación para hacer la luz sobre estas revelaciones y se tomen las medidas necesarias para que cesen de inmediato en caso de confirmarse su existencia” afirma WAN-IFRA, instando a la Comisión Nacional de derechos Humanos a ello.

Entre las 15 personas afectadas se encuentran Carmen Aristegui, su hijo –menor de edad- y diversos miembros del equipo de Aristegui Noticias, medio que destapó casos de abuso de poder y corrupción por parte del presidente Peña Nieto; Carlos Loret de Mola, periodista del canal de televisión Televisa y del diario El Universal, encargado de revelar la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Michoacán por parte del ejército mexicano; el Centro PRODH que representa a familias de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y otras organizaciones y periodistas.

Ante estas acusaciones, el presidente de México amenazó con tomar medidas contra quienes publicaron que estaban atentando contra la libertad de prensa además de llamar a la PGR llevar a cabo una investigación. Pero aquí radica el problema: las revelaciones publicadas indican que la PGR usa el software Pegasus, junto a al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que haría de la instancia investigadora una de las presuntas responsables del espionaje. Pese a ello, el gobierno de Peña Nieto se ha mostrado abierto a mantener contactos con Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitud expresada por WAN-IFRA.