España retrocede seis puestos en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa: el cuadro europeo aterriza en casa

Reporteros Sin Fronteras sitúa a España en el puesto 29 del ranking 2026 con todos sus indicadores en retroceso. La fotografía coincide con la del Liberties Media Freedom Report 2026 recogido por The Guardian y con el Día Mundial de la Libertad de Prensa: presión sostenida sobre los medios europeos, transposición incompleta de las grandes piezas comunitarias y caída de la confianza pública.

La semana del 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por Naciones Unidas en 1993, suele dejar más diagnósticos que celebraciones. La de este año no es una excepción. La conferencia global de la UNESCO se ha celebrado en Lusaka, Zambia, con el lema Forjar un futuro en paz, en paralelo a RightsCon 2026, y el Premio Mundial Guillermo Cano ha recaído en el Sindicato de Periodistas Sudaneses, por sostener la cobertura del conflicto en un país donde, según sus propias estimaciones, ha cerrado ya el 90% de los medios. La conferencia ha aprobado una Llamada a la Acción sobre seguridad de los profesionales, gobernanza de la inteligencia artificial y financiación del periodismo independiente.

A esa fotografía mundial se han sumado en los últimos días dos informes que conviene leer juntos. El primero, el Liberties Media Freedom Report 2026, elaborado por la Civil Liberties Union for Europe con cerca de 40 organizaciones de 22 Estados miembros y publicado el pasado 28 de abril, fecha en la que se hizo eco The Guardian. El segundo, la nueva edición de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), conocida esta misma semana. Ambos coinciden en lo esencial: el periodismo europeo sigue sometido a una presión sostenida, las herramientas comunitarias diseñadas para protegerlo avanzan más despacio que el deterioro y España, durante años un punto relativamente luminoso del mapa europeo, ha pasado a engrosar la lista de países que retroceden.

Empecemos por el cuadro europeo. Liberties concluye que la adopción de las dos grandes piezas legislativas —el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), en vigor desde agosto de 2025, y la Directiva anti-SLAPP, cuyo plazo de transposición vencía precisamente hoy, 7 de mayo— no se está traduciendo en mejoras tangibles. La implementación de la EMFA llega lenta y superficial; la anti-SLAPP llega a la fecha sin haberse incorporado en la mayoría de los ordenamientos nacionales, o lo hace sin extender la protección a los litigios domésticos, que son la inmensa mayoría. Los problemas detectados se han hecho casi crónicos: concentración creciente de la propiedad de los medios, opacidad accionarial, politización de la publicidad institucional, injerencias en reguladores y un uso creciente de demandas judiciales abusivas para silenciar a periodistas y activistas. La confianza pública en los medios, además, sigue cayendo en la mayoría de Estados miembros.

España aparece citada de manera específica en dos capítulos del informe europeo. En el de acceso a la información, entre los Estados miembros en los que se han obstaculizado solicitudes amparadas en la legislación de transparencia mediante denegaciones o demoras. Y en el de interferencia estatal, entre los países donde la asignación de la publicidad institucional sigue siendo opaca o tiende a favorecer a determinadas cabeceras.

Sobre ese telón de fondo aterriza la Clasificación de RSF 2026. España ocupa el puesto 29 con una puntuación global de 75,42 puntos (-1,93), seis posiciones por debajo del año anterior y con todos sus indicadores —marco legal, contexto económico, contexto sociocultural, contexto político y seguridad— en retroceso simultáneo. El informe global confirma además que más de la mitad de los países examinados presenta una situación “difícil” o “muy grave”, la cifra más alta desde que existe la clasificación.

RSF apunta como causa principal del descenso español el aumento de las acciones judiciales abusivas —las llamadas SLAPP— contra periodistas, utilizadas como mecanismos de intimidación procedentes de distintos ámbitos. A ello suma la lentitud institucional en abordar reformas largamente reclamadas, como la revisión de los aspectos más controvertidos de la llamada Ley Mordaza o la actualización de los delitos de opinión. La implementación de la EMFA en España se considera, en línea con lo que señala Liberties, parcial e insuficiente: persisten déficits estructurales en la configuración del organismo regulador del sector, en la transparencia de la propiedad de los medios y en la gobernanza de la publicidad institucional. Tres elementos que, en términos de mercado, condicionan no solo la libertad informativa sino también las condiciones de competencia entre editores.

El indicador económico es uno de los que más cae: 55,67 puntos (-2,39), lo que envía a España al puesto 40 del mundo en este apartado y la saca del grupo de referencia de sus vecinos de Europa occidental. El dato confirma una preocupación que los editores de prensa trasladan desde hace tiempo: la precariedad creciente en las redacciones, la dependencia de la publicidad programática, la presión de los grandes intermediarios digitales y, ahora, la irrupción de la inteligencia artificial generativa están comprometiendo la sostenibilidad de los proyectos periodísticos, incluidos los más sólidos. Sin viabilidad económica no hay independencia editorial posible y, sin independencia editorial, los demás indicadores se resienten en cadena.

En el plano sociocultural y de seguridad, RSF describe un clima de polarización creciente que se traslada también al ejercicio del periodismo. Aumentan los episodios de hostigamiento a profesionales —dentro y fuera de las redacciones— protagonizados por actores de muy distinto signo, así como la ciberviolencia en redes sociales. Para los editores de prensa escrita, este deterioro tiene una consecuencia muy concreta: la cobertura de determinados temas —migración, política territorial, casos judiciales sensibles— se realiza ya en condiciones de hostilidad ambiental que hace una década resultaban impensables.

La caída de España no se entiende, por tanto, sin el cuadro europeo: incumplimiento generalizado de los plazos de la Directiva anti-SLAPP, transposición tibia de la EMFA y deterioro simultáneo de los marcos económicos en los que opera la prensa. Pero un retroceso de seis puestos en doce meses obliga a una respuesta específica desde dentro. Los frentes están identificados desde hace tiempo: aprovechar la fecha que se cumple hoy para completar la transposición de la Directiva anti-SLAPP con todas sus garantías, avanzar en la implementación de la EMFA con un regulador verdaderamente independiente, transparencia real en la propiedad de los medios, reglas estables sobre publicidad institucional, una protección efectiva del derecho de acceso a la información pública y un marco fiscal y publicitario que asegure la viabilidad de los editores.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa no es un acto protocolario. Es, cada año, un recordatorio de que sin medios libres, plurales y económicamente sostenibles no hay democracia robusta posible.

Desde AMI defendemos que recuperar puestos en la clasificación de RSF pasa por recuperar, antes, las condiciones que hacen posible un periodismo libre: marcos institucionales estables, protección judicial frente a las demandas abusivas y un mercado equilibrado en el que los editores compitan en condiciones equitativas. Es responsabilidad de los poderes públicos, sí, pero también de los propios editores y de la profesión periodística. Y es la mejor manera de que la efeméride del 3 de mayo signifique, dentro de un año, algo más que la confirmación de un retroceso.