El Departamento de Políticas de Justicia, Libertades Civiles y Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo publicó en abril un briefing, a petición de la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, que cuantifica el impacto de los resúmenes generados por IA de Google sobre los ingresos de los editores y la libertad de los medios. Sus conclusiones, las lagunas regulatorias que identifica y las recomendaciones legislativas que formula constituyen, para los editores europeos, una pieza de fundamentación institucional de referencia.
El informe lo firma el profesor Nicola Lucchi y se titula “El impacto de los resúmenes y resúmenes generales generados por la IA de Google en los ingresos de los editores y la libertad de los medios de comunicación”. No es opinión sectorial ni análisis académico aislado, sino una pieza elaborada para que el Parlamento Europeo tome decisiones legislativas. Su tesis central conviene citarla con precisión. Los resúmenes de IA «representan un cambio estructural en la forma de acceder a la información en línea y en cómo se distribuye su valor». No estamos ante un mero problema de derechos de autor ni ante una disputa contractual entre una compañía tecnológica y un sector editorial, sino ante una transformación de la arquitectura del descubrimiento informativo con consecuencias directas sobre la sostenibilidad económica del periodismo profesional, el pluralismo de los medios y la resiliencia democrática del conjunto de la Unión Europea.
Los datos que el informe pone sobre la mesa son contundentes. El Pew Research Center, tras analizar 68.879 búsquedas realizadas por 900 adultos estadounidenses en marzo de 2025, documentó que los usuarios que encontraron un resumen generado por IA hicieron clic en un resultado de búsqueda tradicional solo en el 8% de las visitas, frente al 15% sin resumen. El clic dentro del propio resumen se produjo en apenas el 1% de las visitas, y el 26% de las visitas a páginas con resumen concluyeron al cerrar la sesión. El usuario lee el resumen, no entra a la fuente original y abandona. Ahrefs, tras analizar 300.000 palabras clave, estimó que la presencia del resumen de IA se asocia con una reducción del 58% en la tasa de clics de la primera posición.
La encuesta del Reuters Institute a 280 líderes de medios en 51 países concluye que los editores esperan que el tráfico procedente de motores de búsqueda caiga un 43% en los próximos años.
El impacto sobre cabeceras concretas es revelador. Business Insider registró un descenso del 55% en el tráfico de búsqueda orgánica entre abril de 2022 y abril de 2025, con un recorte de plantilla del 21%. HuffPost vivió una caída en torno al 50%; Forbes, un descenso interanual aproximado del 50% en julio de 2025, y The Washington Post se movió entre el 19% y el 40%. En el agregado del sector, las búsquedas sin clic pasaron del 56% en mayo de 2024 a casi el 69% un año después, y las visitas desde motores de búsqueda a sitios de noticias cayeron de más de 2.300 millones a menos de 1.700 millones en ese mismo periodo.
La advertencia para los editores europeos es explícita. Google empezó a desplegar los resúmenes de IA en el Espacio Económico Europeo en marzo de 2025 y anunció en mayo de ese año una expansión a más de 200 países y más de 40 idiomas. Los editores más pequeños y más dependientes de las búsquedas se enfrentan a la mayor exposición, en una cuestión que es a la vez de sostenibilidad económica y de pluralismo mediático y afecta de lleno a la prensa regional y especializada.
La capacidad técnica que Google ofrece para excluirse de los resúmenes es, según el documento, «parcial y fragmentada, en lugar de sencilla». Un editor puede bloquear Google-Extended sin perder su inclusión en la búsqueda, lo cual no desactiva los resúmenes de IA. Los únicos controles que limitan directamente este uso son los que también reducen o eliminan la visibilidad. Dicho de otro modo, un editor no puede excluirse de los resúmenes de IA sin dejar de estar plenamente presente en los resultados. La evidencia es contundente. Los editores que bloquearon los rastreadores de modelos de lenguaje vía robots.txt experimentaron una caída media en torno al 10% en el tráfico total en las semanas posteriores. La única opción real para oponerse tiene coste comercial inmediato.
El núcleo del briefing está en sus recomendaciones, organizadas en dos bloques, las dirigidas a la Comisión Europea y las que la propia Comisión Especial podría asumir. En conjunto dibujan la arquitectura legal que la patronal europea lleva años reclamando.
La primera recomendación pide a la Comisión Europea propuestas legislativas para cerrar la «brecha de valor» de la IA con los editores. Plantea tres piezas. Primero, un mecanismo de remuneración justa por el contenido utilizado en los resúmenes generados por IA, más allá de la mera transparencia o el derecho a oponerse. Segundo, una aclaración legislativa sobre los usos en la fase de inferencia y de generación aumentada por recuperación (RAG), cuando una IA recupera y sintetiza contenido publicado en tiempo real, fase que el artículo 4 de la Directiva 2019/790 (CDSM) no cubre con claridad. Y tercero, una norma interoperable a escala de la UE para la reserva de derechos que sustituya al actual mosaico de identificadores específicos (Google-Extended, GPTBot, ClaudeBot, CCBot…), que obliga hoy a los editores a configurar controles distintos para cada operador. El informe añade que es preciso examinar vías para abordar los usos pasados de contenidos en sistemas de IA, dada la ausencia de mecanismos para verificar la incorporación histórica.
La segunda recomendación se refiere específicamente a la EMFA. El briefing pide a la Comisión Europea informar al Parlamento, antes de finales de 2026, sobre si el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios es adecuado para abordar el desplazamiento de contenidos mediado por IA, y presentar una propuesta legislativa si la evaluación confirma la existencia de una laguna. El artículo 18 de la EMFA, centrado en proteger a los editores frente a la retirada injustificada de contenidos por las grandes plataformas, no aborda el efecto específico de los resúmenes de IA, donde el contenido no se retira, sino que pierde relevancia comercial porque la necesidad informativa del usuario se satisface antes de llegar a la página del editor.
La tercera recomendación propone una arquitectura de seguimiento. El futuro Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, cuya creación está prevista dentro del Escudo Europeo de la Democracia, debería establecer una línea de seguimiento anual específica sobre los efectos de las búsquedas generadas por IA en los ingresos de los editores, la diversidad editorial y el pluralismo de los medios, apoyándose en la infraestructura del Observatorio Europeo de Medios Digitales y del Monitor de Pluralismo. Es una recomendación relevante porque convierte el seguimiento del fenómeno en una función institucional permanente, no en un estudio puntual.
Las recomendaciones dirigidas a la propia Comisión Especial son tres. Incluir el desplazamiento de contenidos mediado por IA como amenaza estructural distinta para el pluralismo y la resiliencia democrática en su informe final al Pleno. Solicitar a la Comisión Europea informes periódicos sobre la investigación en curso bajo el artículo 102 del TFUE y sobre los procedimientos relacionados con la Ley de Mercados Digitales que afectan a Google Search. E invitar a Google a aportar pruebas sobre el funcionamiento e impacto de los resúmenes de IA en la UE, desde los criterios de selección de fuentes y los efectos sobre el tráfico por Estado miembro hasta el funcionamiento práctico de los mecanismos de exclusión y la estructura de los acuerdos de licencia con editores. Esta última recomendación introduce un elemento de supervisión parlamentaria directa que hasta ahora no existía con esta especificidad.
El contexto en el que llega este briefing refuerza su importancia. La Comisión Europea abrió el 9 de diciembre de 2025 una investigación formal en materia de competencia bajo el artículo 102 del TFUE para evaluar si Google podría haber infringido las normas mediante el uso de contenidos de editores sin compensación adecuada y sin opción real de oposición. El Consejo Europeo de Editores (EPC) presentó el 10 de febrero de 2026 una denuncia formal en la misma línea, donde sostiene que los editores se enfrentan a una «elección insostenible», aceptar el uso de sus contenidos en sistemas de IA o perder visibilidad en la búsqueda. Y el Parlamento Europeo aprobó el 10 de marzo de 2026 una resolución sobre derechos de autor e inteligencia artificial generativa que defiende el pleno control de los titulares de derechos sobre los usos de su contenido más allá del entrenamiento.
En el panorama comparado, el briefing identifica cuatro modelos, los de Francia, Australia, Canadá y Reino Unido, y subraya que el más directamente relevante es el de la Competition and Markets Authority británica, que en enero de 2026 propuso requisitos de conducta vinculantes específicos, entre ellos derechos de exclusión sin pérdida de visibilidad en la búsqueda orgánica, transparencia sobre la selección de fuentes y atribución adecuada de los contenidos editoriales. Es el precedente normativo más cercano al tipo de obligaciones que el briefing del Parlamento Europeo considera necesarias.
Para los editores españoles de la AMI, este documento aporta una base institucional sólida sobre la que articular una conversación que el sector lleva tiempo planteando. La sentencia del TJUE del pasado 12 de mayo reconoció la legitimidad de los marcos nacionales que obligan a las plataformas a compensar a los editores por el uso de sus contenidos. La iniciativa anunciada por GfK DAM para medir desde enero de 2027 las referencias a medios en plataformas de IA responde a la necesidad de objetivar ese uso. Y este briefing cierra el triángulo, aporta el diagnóstico cuantitativo, identifica cinco lagunas regulatorias concretas (falta de transparencia, ausencia de derecho a remuneración, insuficiencia del EMFA, falta de seguimiento específico y fragmentación de la exclusión voluntaria) y formula recomendaciones legislativas con calendario y responsables claros.
Para AMI, las recomendaciones del informe configuran la agenda que los editores europeos llevan tiempo defendiendo, remuneración justa, claridad jurídica sobre los usos en inferencia, norma europea de reserva de derechos, evaluación específica de la EMFA antes de finales de 2026, seguimiento institucional permanente y mayor supervisión parlamentaria de la investigación abierta contra Google. La tarea ahora es asegurar que esas recomendaciones se traduzcan en propuestas legislativas y, en su momento, en marco normativo aplicable. Esa es la dirección en la que los editores españoles seguirán trabajando con las instituciones europeas y nacionales. No contra la inteligencia artificial, sino a favor de un equilibrio que reconozca el valor económico de los contenidos periodísticos en la era de la IA y proteja, con ellos, el pluralismo informativo del que depende la democracia.
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