El 1 de mayo vence el plazo para que la industria responda a Bruselas sobre Google y la DMA
La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre las medidas que Google debe adoptar para cumplir la Ley de Mercados Digitales. El plazo cierra el 1 de mayo. La decisión vinculante llegará en julio. Para los editores, lo que se decida en Bruselas este verano puede cambiar las condiciones del ecosistema digital de forma más rápida que cualquier litigio en curso.
Hay fechas que pasan desapercibidas hasta que sus consecuencias se hacen visibles. El 1 de mayo de 2026 es una de ellas, pues la consulta pública abierta por la Comisión Europea el 16 de abril sobre las medidas que Google debe adoptar para cumplir la Ley de Mercados Digitales cierra este día. La decisión final vinculante está prevista antes del 27 de julio.
El expediente, que la AMI ya ha seguido en estas páginas, arrancó en enero cuando la Comisión abrió una investigación formal sobre si Google cumplía con sus obligaciones como guardián de acceso en lo relativo al intercambio de datos de búsqueda con terceros. Las conclusiones preliminares enviadas el 16 de abril fueron contundentes: Google debe abrir sus datos —consultas, posicionamiento, clics, visualizaciones— a los motores de búsqueda rivales en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Google lo llama una extralimitación. Bruselas lo llama cumplir la ley. Y el sector editorial tiene mucho que decir sobre quién tiene razón.
Por qué este expediente importa más allá de la competencia entre buscadores
La narrativa dominante sobre el proceso DMA contra Google lo presenta como una disputa entre tecnológicas: Bing, Brave y DuckDuckGo queriendo acceder a datos que Google protege. Esa lectura es correcta pero incompleta. Hay una segunda dimensión que afecta directamente a los medios.
La Comisión Europea tiene abierto desde noviembre de 2025 un procedimiento formal separado para evaluar si Google aplica condiciones justas y no discriminatorias de acceso a los sitios web de los editores en la búsqueda de Google. Los dos expedientes son distintos, pero apuntan al mismo problema: una plataforma con poder estructural sobre el tráfico que llega a los medios, que toma decisiones sobre visibilidad sin transparencia ni mecanismos de apelación efectivos.
El expediente de datos de búsqueda añade una capa más. El alcance de los datos compartidos debe incluir también la información procedente de las nuevas funcionalidades de búsqueda asistida por sistemas de inteligencia artificial conversacional. Es decir, Bruselas está reconociendo explícitamente que los chatbots con funciones de búsqueda forman parte del mismo ecosistema que el buscador tradicional, y que las reglas de competencia deben aplicarse a ambos. Para los editores, eso es relevante: significa que el debate regulatorio ya no distingue entre el Google de siempre y el Google de la IA. Los trata como lo que son: el mismo guardián de acceso con distintas interfaces.
La ventana que se cierra
La Comisión ha abierto una consulta pública hasta el 1 de mayo para que todas las partes interesadas aporten su visión antes de que las medidas se vuelvan vinculantes. Es un mecanismo que existe precisamente para que actores distintos a Google —incluidos los editores y sus asociaciones— puedan hacer llegar su posición sobre cómo las medidas propuestas afectan a sus intereses.
El sector editorial tiene argumentos propios que aportar a este proceso. No es lo mismo que un motor de búsqueda alternativo acceda a los datos de Google para mejorar su algoritmo, que esos datos se usen para entrenar sistemas de IA que luego sustituyan la visita al medio original con un resumen generado automáticamente. Las condiciones bajo las que se comparten los datos, quién puede acceder a ellos y para qué fines pueden usarse son detalles técnicos que tienen consecuencias directas sobre el tráfico editorial. Y esos detalles se están decidiendo ahora.
Julio como fecha clave
La decisión final vinculante se espera antes del 27 de julio de 2026. Si la Comisión confirma las medidas propuestas, Google deberá implementarlas o enfrentarse a multas de hasta el 10% de su facturación global anual. Para Alphabet, eso equivale a cifras que ningún equipo de abogados puede tratar como un coste menor. El precedente es claro: Apple y Meta fueron declaradas incumplidoras de la DMA en 2025 y multadas con 500 y 200 millones de euros respectivamente. Google conoce ese precedente mejor que nadie, y lleva más de 9.700 millones de euros en multas antimonopolio en Europa desde 2017.
Lo que ocurra en julio no cerrará el debate. Las plataformas tienen mecanismos de recurso, los procesos se prolongan, los matices técnicos se negocian durante meses. Pero la dirección que tome la decisión sí marcará el tono de los años siguientes: si Europa está dispuesta a aplicar con rigor las herramientas regulatorias que ha construido, o si esas herramientas acaban siendo más declaración de intenciones que instrumento de cambio real.
Para los medios españoles y para la AMI, el seguimiento de este proceso no es opcional. Las reglas que Bruselas fije en julio sobre cómo fluyen los datos del ecosistema de búsqueda son, en última instancia, las reglas que determinan en qué condiciones el periodismo digital puede competir por la atención de sus lectores. Y esa competencia, hoy, no se gana en el quiosco. Se gana —o se pierde— en el algoritmo.
