Bruselas investiga si Google ha rebajado la visibilidad de contenidos comerciales de los medios en su buscador

La Comisión Europea indaga si el gigante tecnológico ha violado la Ley de Mercados Digitales al sostener un trato desigual con los medios de comunicación en su motor de búsqueda.

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento para determinar si el modo de aplicación de una política interna de Google vulnera la Ley de Mercados Digitales por estar perjudicando en los resultados de búsqueda a páginas de medios que publican contenidos vinculados a acuerdos comerciales con terceros.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una investigación sobre la llamada política de abuso de reputación de Google, que afecta cómo se muestran en los resultados de búsqueda las páginas que incluyen contenidos pactados con terceros. Google defiende que esa regla busca evitar prácticas que pretenden manipular el orden de aparición de los resultados. No obstante, Bruselas considera que su aplicación podría estar relegando a posiciones inferiores a páginas de medios que publican contenidos promocionados, una fuente habitual de financiación para muchas editoriales.

En respuesta a la denuncia presentada por la empresa de medios alemanes ActMeraki en abril, la Comisión Europea abrió definitivamente procedimientos formales el pasado jueves 13 de noviembre. La queja no era aislada, ya que también contaba con el respaldo de asociaciones europeas de editores, preocupadas por la forma en que Google aplica esta norma.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Justa y Competitiva, ha mostrado su interés en garantizar que los editores no pierdan ingresos, insistiendo en que:

“Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio”.

La compañía estadounidense asegura que no considera automáticamente como infracción el material producido por freelancers ni el que incorpora enlaces de afiliados, sino que, en cada caso, evalúa si el principal objetivo del contenido es aportar valor real a los lectores y no simplemente influir en el posicionamiento del buscador. No obstante, muchos editores sostienen que el modo de aplicación de esta política, implantada en 2024, ha sido difícil de gestionar, lo que les ha forzado a introducir cambios operativos importantes para intentar salvaguardar su visibilidad, renunciando a esas colaboraciones o aceptando que esos sitios web dejen de aparecer con normalidad en Google. La consecuencia directa es una pérdida potencial de ingresos y una posible vulneración de la libertad para realizar negocios legítimos, innovar y colaborar con proveedores externos de contenido.

El caso se tramita bajo el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que obliga a las grandes plataformas designadas como gatekeepers a ofrecer condiciones de acceso transparentes y no discriminatorias. La Comisión ya investiga si la práctica de Google vulnera las obligaciones de trato justo y no discriminatorio.

Si se confirman incumplimientos, la Comisión notificará a Alphabet sus conclusiones preliminares y propondrá las medidas a adoptar. Las multas contempladas alcanzan hasta el 10% de la facturación mundial de la empresa —cifra que puede llegar al 20% en caso de reincidencia— y se podría imponer remedios adicionales en supuestos de incumplimientos sistemáticos, como la venta de partes del negocio o restricciones en nuevas adquisiciones relacionadas con la infracción. El Ejecutivo europeo espera concluir la investigación en un plazo de hasta 12 meses.

Las investigaciones en la Comisión Europea

Este caso se une a la lista de procedimientos abiertos en contra de las tecnológicas, entre ellos el del pasado mes de septiembre a la misma matriz de Google, en el cual la Comisión impuso una sanción de 2.950 millones de euros por infringir las normas de antimonopolio de la Unión Europea. De la misma forma, la Unión Europea también multó a Apple y Meta por no cumplir el DMA este mismo año y hace apenas un mes también presentó acusaciones formales contra Meta y Tik Tok por vulnerar la Ley de Servicios Digitales (DSA), la cual exige estándares estrictos de transparencia y mecanismos efectivos para controlar el contenido en plataformas digitales.

Desde AMI aplaudimos que la Comisión Europea investigue aquellos comportamientos que afectan directamente a los medios de comunicación. Seguiremos trabajando para volver a equilibrar el mercado digital, con el fin de poder erradicar las prácticas monopolísticas que nos afectan tanto a los informadores como a la ciudadanía, y que además repercuten en la sostenibilidad de los medios de comunicación y en el derecho a la información.