El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) entra en vigor

Esta normativa, de cumplimiento obligatorio y aplicación directa en los Estados de la UE, crea por primera vez un marco regulatorio para los medios informativos, con el fin de proteger la independencia editorial y el pluralismo.

Desde el 8 de agosto de 2025 ha entrado en vigor en todos los Estados miembros de la Unión Europea el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act). Se trata de un reglamento comunitario de aplicación directa, lo que implica que no necesita ser adaptado por los países mediante leyes nacionales, y que será obligatorio en todos sus elementos desde su entrada en vigor. A diferencia de una directiva, no requiere una transposición, por lo que los Estados deben cumplirlo tal cual ha sido aprobado por las instituciones europeas.

La EMFA supone un hito histórico en la legislación comunitaria, ya que establece por primera vez un marco común de garantías para los medios de comunicación en Europa. Su finalidad principal es reforzar la independencia editorial, fomentar el pluralismo informativo, promover la transparencia en el sector y mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo, en un contexto cada vez más marcado por la concentración empresarial, la transformación digital y la presión de las grandes plataformas tecnológicas.

En todo caso, se trata de una norma que no le impide a los Estados miembros de la Unión Europea crear normas adicionales más concretas y estrictas para regular la actividad de los medios de información, siempre que aseguren un nivel de protección del pluralismo de los medios o la independencia editorial más elevado que la EMFA.

¿Por qué es relevante?

La aprobación de esta normativa responde a un diagnóstico compartido por la Comisión Europea: el mercado interior de los medios de comunicación presenta desequilibrios estructurales, que se han visto agravados por la digitalización y el auge de plataformas como redes sociales, motores de búsqueda y agregadores de noticias.

“Los retos derivados de la transformación digital merman además la capacidad de las empresas de todos los sectores de los medios de comunicación —y, en particular, de las más pequeñas en los sectores de la radio y la prensa— de competir en igualdad de condiciones con las plataformas en línea, que desempeñan un papel clave en la distribución de contenidos en línea”, señala.

La normativa reconoce el papel esencial que desempeñan los medios de información en una sociedad democrática, como formadores de opinión pública y garantes del Estado de derecho. Por ello, establece un conjunto de principios y obligaciones tanto para los medios como para los Estados y las grandes plataformas, con el objetivo de equilibrar el ecosistema informativo europeo y reforzar su independencia frente a presiones políticas o económicas.

Principales novedades de la EMFA

Uno de sus pilares centrales es la transparencia en la propiedad y financiación de los medios. A partir de su entrada en vigor, las empresas informativas deberán publicar información detallada sobre su estructura empresarial, incluyendo su nombre legal, datos de contacto, e identificación clara de sus propietarios —ya sean directos o indirectos—, así como de aquellos accionistas que tengan capacidad real para influir en la línea editorial o las decisiones estratégicas del medio.

Esta obligación también alcanza a la publicidad institucional, ya que los medios deberán informar anualmente de los ingresos que reciben por este concepto, tanto de entidades públicas nacionales como de organismos internacionales o gobiernos extranjeros. Toda esta información será centralizada en registros públicos nacionales, bajo la supervisión de las autoridades reguladoras de cada Estado miembro.

Los propios Estados, por su parte, deberán adoptar una política transparente en materia de publicidad institucional, asegurando que el gasto público se reparte entre una pluralidad de medios y evitando favorecer de forma sistemática a determinadas empresas. La información sobre esta distribución deberá ser publicada de forma anual, permitiendo así su control y escrutinio por parte de la ciudadanía.

También establece una protección reforzada de la independencia editorial, especialmente en el caso de los medios públicos. Los Estados están obligados a garantizar que estos dispongan de estructuras de gobernanza que eviten interferencias políticas, lo que implica que los procedimientos para nombrar a sus directivos y consejos de administración deberán ser transparentes, imparciales y abiertos. Asimismo, los mecanismos de financiación pública deberán regirse por criterios objetivos y predecibles, que aseguren la estabilidad económica sin comprometer la libertad de los equipos editoriales. La norma extiende este principio a todos los medios, al afirmar de manera explícita que los gobiernos no pueden interferir en las políticas editoriales de los medios de comunicación, independientemente de su titularidad o modelo de negocio.

Otro aspecto esencial de la EMFA es la protección de las fuentes periodísticas y de la confidencialidad de las comunicaciones. Los Estados miembros deberán garantizar que los periodistas puedan ejercer su profesión sin temor a ser obligados a revelar sus fuentes, sin sufrir vigilancia injustificada ni ser objeto de interceptaciones u otras formas de control tecnológico. Se prohíbe expresamente el uso de software espía o dispositivos de vigilancia, salvo en circunstancias muy concretas y excepcionales, que deben estar justificadas por razones de interés público, contar con autorización judicial o de una autoridad independiente, y respetar el principio de proporcionalidad.

Y para preservar el pluralismo mediático, el reglamento exige que cualquier medida legislativa, normativa o administrativa que pueda afectar la diversidad de voces o la independencia de los medios sea motivada, transparente y proporcional. Además, las decisiones individuales que afecten a un medio concreto deberán poder ser recurridas por vía judicial. Los Estados también tendrán que establecer mecanismos para evaluar las operaciones de concentración empresarial en el sector, con el fin de evitar situaciones de dominio que puedan limitar la pluralidad informativa. Estas evaluaciones deberán ser realizadas por autoridades independientes, que considerarán tanto el impacto en la competencia como en la libertad de expresión y en el acceso a una información diversa.

Plataformas digitales y redes sociales

Uno de los elementos más novedosos de la EMFA es su enfoque hacia las grandes plataformas digitales. Complementando el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la ley impone nuevas obligaciones a las redes sociales y otros servicios de gran alcance que actúan como intermediarios en la distribución de contenidos. Estas plataformas deberán facilitar a los medios canales de comunicación directos y eficaces, y no podrán restringir la visibilidad de sus contenidos sin antes informar de los motivos y ofrecer al medio afectado la posibilidad de responder o apelar la decisión.

Además, las redes sociales deben activar una funcionalidad que les permita a los medios declarar que son prestadores de servicios de medios de comunicación y que cumplen con las obligaciones de transparencia, propiedad, financiación pública y financiación de terceros exigidas por la ley. Esta declaración también incluirá compromisos sobre la no difusión de contenidos generados por sistemas de inteligencia artificial sin supervisión humana, así como la identificación clara del medio, entre otra información.

Medición de audiencias

Otro ámbito que regula el EMFA es la medición de audiencias, un factor clave para los mercados publicitarios y para la evaluación del impacto de los contenidos informativos, por lo que la norma establece que deberán actuar con transparencia, imparcialidad y no discriminación. Además, estarán obligados a proporcionar a los medios y anunciantes información clara y detallada sobre sus metodologías de medición, de forma gratuita, y a someterse a auditorías independientes al menos una vez al año.

Un nuevo organismo europeo

También establece la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que sustituye al anterior Comité de Medios Audiovisuales. Este nuevo organismo, ya constituido en febrero de 2025, está formado por representantes de las autoridades nacionales reguladoras y tiene como misión asesorar a la Comisión Europea, coordinar políticas entre los Estados y emitir dictámenes sobre medidas que puedan afectar a la libertad y pluralismo informativo en el conjunto de la Unión. En su primera sesión plenaria en febrero, fue elegido como presidente del Comité el español Carlos Aguilar Paredes, miembro del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que la neerlandesa Amma Asante fue designada vicepresidenta.

Entre las funciones del Comité destacan la evaluación de operaciones de concentración de medios, la revisión de decisiones nacionales que afecten a medios concretos, y la coordinación de medidas frente a la desinformación proveniente de medios de comunicación de terceros países.

Descarga aquí el reglamento:

EMFA-Reglamento