El New York Times demanda al Pentágono por sus nuevas restricciones a la prensa

El influyente periódico estadounidense ha demandado un nuevo conjunto de normas que limitan severamente la actividad periodística en torno al Departamento de Defensa del país. La política, que obliga a los reporteros a firmar un documento de 21 páginas y otorga al Pentágono amplios poderes para retirar credenciales, se considera un ataque a la Primera Enmienda. 

El New York Times ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Distrito de Washington para frenar la nueva política informativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en vigor desde octubre. El periódico argumenta que estas normas vulneran la Primera Enmienda al limitar la actividad profesional de los periodistas y conceder al Pentágono un margen de discrecionalidad prácticamente ilimitado para imponer sanciones.

Las reglas exigen que los reporteros firmen un formulario de 21 páginas que introduce restricciones sin precedentes sobre la obtención de información: desde la petición de pistas a empleados del Departamento de Defensa hasta consultas rutinarias a fuentes internas. Según la demanda, cualquier publicación no aprobada oficialmente podría derivar en la suspensión inmediata o la revocación definitiva del pase de prensa, incluso si la información no es clasificada o si se obtuvo fuera del recinto del Pentágono.

El texto sostiene que la política pretende reducir la cobertura independiente y limitar a los periodistas a la versión oficial del Departamento de Defensa. Para el New York Times, estas reglas no solo condicionan la actividad profesional, sino que pueden tener un efecto amedrentador sobre las fuentes, al presentar la “solicitud” de información no pública como un posible acto punible.

Un cambio radical en el ecosistema informativo del Pentágono

Esta política forma parte de un proceso más amplio impulsado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien asumió el cargo en enero tras un polémico proceso de confirmación. Desde su llegada, el Pentágono ha retirado oficinas a medios tradicionales (incluidos The Washington Post, CNN, NBC, NPR y el propio New York Times) para reasignarlas a publicaciones de perfil mayoritariamente conservador.

Además, se han restringido los movimientos de los periodistas dentro del complejo, obligándoles a desplazarse acompañados de escoltas oficiales fuera de zonas muy concretas, y se han reducido las comparecencias informativas de alto nivel.

La nueva normativa llegó a conocerse en septiembre, cuando se difundió un borrador que ya suscitó fuertes críticas de abogados especializados en libertad de prensa. La versión final se publicó el 6 de octubre y, tras su entrada en vigor, decenas de periodistas acreditados renunciaron a sus pases, incluido medio centenar de profesionales de grandes cabeceras. Muchos de ellos han continuado informando sobre el Departamento de Defensa pese a las limitaciones de acceso físico.

En paralelo, numerosas organizaciones periodísticas, entre ellas ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC, denunciaron públicamente la política por considerarla una intromisión inédita en la libertad de prensa.

Un conflicto que llega a los tribunales

El New York Times ha contratado al reputado abogado Theodore Boutrous, especialista en litigios sobre la Primera Enmienda, para liderar el caso. El reportero Julian E. Barnes, que cubre la información del Pentágono para el diario, aparece también como demandante.

La demanda impugna diversas partes de la normativa, incluyendo una disposición que permitiría declarar a un periodista “riesgo para la seguridad” por divulgar información no autorizada, aunque esta no sea clasificada. También cuestiona la idea de que la petición de pistas o de datos no públicos pueda considerarse un acto no protegido por la Constitución, cuando se trata de una práctica habitual en el ejercicio del periodismo.

El Pentágono, por boca de su portavoz principal, ha señalado que responderá a los argumentos del diario en el proceso judicial. Mientras tanto, los periodistas que rechazaron la nueva política han sido excluidos de actos oficiales, incluidos los últimos encuentros televisados con el secretario de prensa del Pentágono, donde sí estuvieron presentes comunicadores afines al gobierno.

Un patrón en la relación entre el gobierno y la prensa

Los conflictos entre medios y administración han sido recurrentes durante los mandatos de Donald Trump. Varias retiradas de pases de prensa durante su primer mandato terminaron revirtiéndose tras demandas judiciales, y este mismo año la agencia AP abrió un litigio tras ser excluida de actos en espacios reducidos de la Casa Blanca.

La diferencia ahora es el alcance: mientras los casos anteriores afectaban a periodistas concretos, las nuevas normas del Pentágono se aplican al conjunto del cuerpo de prensa. Según la demanda, esto podría tener un efecto discriminatorio al privilegiar a medios con posiciones más cercanas al gobierno y restringir el trabajo de aquellos cuyos enfoques informativos se perciben como críticos.