AMI condena de forma enérgica la violencia ejercida por los repartidores de prensa para impedir la distribución a los puntos de venta y lamenta el grave perjuicio que genera tanto al sector como a la sociedad civil.
El incumplimiento de los contratos vigentes por parte de los repartidores de prensa priva de toda legitimidad a sus reivindicaciones y, en ningún caso, puede ser una vía para resolver un conflicto empresarial si se aplica de forma coercitiva, se cercena además el trabajo realizado por los medios de comunicación impresos y se vulnera, de forma flagrante, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información.
Resulta inaceptable que, ante el inminente vencimiento de los contratos vigentes, los transportistas pretendan imponer por la fuerza, la amenaza, la intimidación y medios ajenos al estado de derecho un nuevo contrato en condiciones privilegiadas.
AMI recuerda que la libertad de información, pilar básico de toda democracia, constituye un derecho constitucional que ha de respetarse y garantizarse en cualquier circunstancia.
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